Anabel Fernández Sagasti perteneciente a la agrupación La Cámpora fue nombrada titular de la comisión de juicio político y como primer medida propuso iniciar la semana próxima el proceso de destitución contra el juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt.
En el marco de una disputa entre el Gobierno nacional y la Corte Suprema, asumió Anabel Fernández Sagasti como nueva presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. La diputada María del Carmen Bianchi planteó la necesidad de que se ponga en agenda del cuerpo la situación planteada con Fayt «preservando la dignidad personal y profesional del doctor pero que se preserven también los derechos constitucionales de los ciudadanos».
Fernández Sagasti sostuvo que esa cuestión no estaba en el temario de la reunión aunque se comprometió a analizar los pedidos en ese sentido que se encuentran en la comisión que hacen referencia a la idoneidad del integrante de la Corte, de 97 años.
La diputada mendocina de 31 años indicó: «Debemos actuar en base a las demandas existentes. Nosotros estamos estudiándolas todas y dependiendo de qué diga cada una, la comisión determinará de qué forma actuar», según el comunicado del bloque oficialista.
Entre los pedidos se encuentra un planteo del entonces senador y actual jefe de gabinete, Aníbal Fernández y otro del diputado del Frente Nuevo Encuentro, Carlos Raimundi, quien a través de una nota a las autoridades de la comisión destacó la necesidad de realizar pericias y actividades «que confirmen o no las versiones que señalan que Fayt no concurre a su lugar de trabajo con la frecuencia que requiere» el cargo.
«Es un tema de agenda de carácter prioritario, que debe tener una especial consideración por la valía personal y de trabajo del miembro de la Corte en cuestión, sin dejar de tomar en cuenta que su función está en vinculación directa con el pleno funcionamiento de los derechos de los argentinos», finalizó Bianchi.
Fayt, de 97 años, se mantiene como ministro de la Corte Suprema de Justicia gracias a una acordada firmada en la década del ’90, dado que se tendría que haber jubilado a los 75 como establece la Constitución Nacional.
