La Comisión de Juicio Político comenzó a abordar este martes los desmanejos de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) en el marco del proceso que se les sigue a los cuatro ministros supremos. Una de las notas de la jornada fue el faltazo de Aldo Tonón, el exdirector de la prestadora médica, quien pidió vía un escrito que se lo exima de prestar testimonio porque está siendo investigado en sede penal por las irregularidades en la OSPJN y hasta envió a un abogado en su nombre a la comisión. La solicitud fue rechazada y se lo volvió a convocar.
Quien sí declaró fue María Guadalupe Burgos y reconoció que firmó cheques millonarios en la OSPJN porque trabaja en Tesorería. Es una de las cuatro firmas autorizadas para poder mover fondos de la prestación médica aunque no está designada vía resolución con un cargo más allá que el de prosecretaria jefe en el escalafón judicial. También y negó tener algún vínculo familiar con el juez supremo Juan Carlos Maqueda.
La audiencia comenzó a las 13 y se extendió por casi siete horas. Además de Burgos, declararon peritos contables y médicos que realizaron la auditoría económica, financiera, de legalidad y gestión de la OSPJN que arrojó “disfuncionalidades de diverso orden”; afiliados que sufrieron las consecuencias de las irregularidades; y funcionarios de la Obra Social. Todos dieron cuenta de graves deficiencias y desmanejos.
La diputada del FdT Vanesa Siley recordó que por el área sensible de que se trata, todas esas irregularidades “redundan en la salud de otras personas”. “La mala gestión de una Obra Social, su malversación de fondos, su falta de control, su falta de idoneidad en brindar este servicio de salud ataca a la vida”, afirmó Siley para “poner en el lugar que se merece el abordaje del tema de la Obra Social del Poder Judicial”.
Antes de comenzar a escuchar a los testigos, la comisión que preside la diputada Gaillard aprobó enviar un oficio a un juez de turno para solicitarle que comparezca el abogado Marcelo Mazzeo que evadió ya dos citaciones. Se trata del letrado que públicamente reconoció que los chats filtrados que intercambió con el exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, eran verídicos. “Queda aprobada la resolución para que el señor Mazzeo comparezca por la fuerza pública con la autorización del juez competente”, informó Gaillard.
Una de las notas de la audiencia de este martes fue el faltazo de Aldo Tonón, el exdirector de la prestadora médica desde 2008. A través de un escrito, Tonón pidió que se lo exima de prestar testimonio porque está siendo investigado en sede penal por las irregularidades en la OSPJN. Hasta envió a la comisión a un abogado en su nombre para que le explique a los diputados las razones de su ausencia.
Esto provocó la reacción de los legisladores, que prácticamente en su conjunto –oficialismo y oposición- rechazaron que el letrado asuma el rol de testigo. Se explicó que esa carga pública es intransferible y se volvió a citar al exdirector de la Obra Judicial de los judiciales.
“Al señor Aldo Tonón se le ha ratificado la citación porque todos los ciudadanos tenemos la obligación de declarar como testigos. Tonon está obligado a venir a esta comisión. Se le va a reiterar la citación”, afirmó Gaillard. Y agregó que “ha venido un abogado a manifestar que quiere explicar las razones por las cuales no viene el señor Tonon. La comisión considera que no corresponde que venga un abogado. Corresponde que venga Tonon y en todo caso no responda a las preguntas que pudieran comprometerlo”. Al poner ese ejemplo, Gaillard recordó que el exministro de Justicia del macrismo, Germán Garvano, está involucrado en causas penales, concurrió a declarar y no respondió sobre los hechos que son materia de investigación penal.
Aldo Tonón es protagonista de la causa “central” sobre irregularidades en la OSPJN. Se trata de la causa Nº 7686/2021 cuya carátula lleva su nombre. Se lo acusa de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Tonón fue director de la Obra Social desde 2008 hasta que el 30 de marzo pasado la Corte le aceptó la renuncia pero condicionada al resultado de las actuaciones administrativas y judiciales en trámite.
Con el antecedente de Mazzeo, Tonón seguramente analice con otros ojos la posibilidad de volver a ausentarse. Por los desmanejos en la obra social de los judiciales recrudeció la interna entre los supremos.
Uno de los testimonios más esperados de la jornada fue era el de María Guadalupe Burgos, quien ya había declarado en sede penal sobre los desmanejos en la Obra Social. Burgos ingresó a la OSPJN en 2005 y trabaja en el área de Tesorería. Es una de las cuatro personas que tiene habilitada la firma para firmar cheques y realizar movimientos de dinero, según explicó, aunque no hay ninguna resolución que la haya designado en el cargo. Tampoco había un tesorero nombrado. Ante a consulta de los diputados, también aseguró que no es sobrina de la esposa de Maqueda. Dijo que no tiene relación sanguínea ni política con él.
El testimonio de Burgos pareció estudiado. Se tomaba varios segundos antes de responder y era muy escueta en sus respuestas. “¿Cuáles son sus funciones?”, le preguntó el diputado Leopoldo Moreau, que fue quien comenzó el interrogatorio. “Junto a otras personas realizamos los pagos a prestadores y afiliados”, respondió. Dijo que realiza “transferencias bancarias y firmamos cheques de la Obra Social”. También precisó que “los montos (que transfiere) varían de mil pesos a millones de pesos”. Burgos señaló también que para autorizar los montos de dinero se necesitan dos firmas y que junto a ella hay otras tres personas de Tesorería que están autorizadas firmar.
A lo largo de su exposición, explicó que su superior es el directorio, que no hay intermediarios. Entre otras cosas, mencionó que la farmacia de la obra social cobraba en efectivo –que deposita en una de las cuentas de la OSPJN- y débito. Burgos relató que cuando ingresó a la Obra Social, en 2005, estuvo destinada a la Mesa de Entradas. Luego fue trasladada a Tesorería, Facturación y finalmente volvió a Tesorería. Fue en esa segunda ocasión cuando comenzó a firmar cheques. Cuando los diputados le pidieron una referencia temporal con respecto a ese momento no supo darla. “No lo recuerdo”, dijo.
Burgos también fue consultada por un posible vínculo con el juez supremo Juan Carlos Maqueda, que fue publicado por Página 12 hace un año. La prosecretaria jefe negó cualquier vínculo con el cortesano. “¿Usted es sobrina del miembro de la Corte, Maqueda?”, le preguntó la diputada del FdT Mara Brawer. “No”, se limitó a responder Burgos. “¿No tiene vínculo de parentesco sanguíneo o político con él?”, amplió su pregunta la legisladora. “No”, volvió a limitarse a responder la prosecretaria, bajo juramento de decir verdad.
IRREGULARIDADES
Dos de los seis peritos que participaron la auditoría económica, financiera, de legalidad y gestión de la Obra Social, donde se analizó el período 2008-22021 y arrojó “disfuncionalidades de diverso orden”, declararon este martes en la comisión. El perito y contador Oscar Fernández fue consultado por la falta de presupuestos y de un registro de estado contable. “No vimos un presupuesto en 13 años. La Obra Social nos dijo explícitamente que no contaban con un Presupuesto”, indicó. Cuando Siley lo consultó si la Obra Social cuenta con un sistema contable, fue contundente: “No”. “Tener información contable para nosotros es la manera de poder cruzar información, hacer conciliaciones. Uno tiene menos información de la que deberia tener y menos integrada”, señaló y dijo que tiene efectos sobre el control. “No es habitual la carencia de un sistema contable” en una obra social del tamaño de la de los judiciales, que según indicaron este martes en la comisión tiene alrededor de 100.000 afiliados.
La otra perito de la Corte que prestó declaración este último martes fue la médica legista María Cristina Interlandi. Intervino junto a Fernández y otros 4 profesionales en la confección de la auditoría. Se refirió a la problemática con los medicamentos.
También declaró Melisa Solana, quien había sido designada como contadora en la OSPJN y renunció de forma abrupta. Estuvo apenas 4 meses ejerciendo el cargo de subdirectora administrativa, una especie de número 2 del directorio. Ingresó en noviembre de 2021 y dejó el cargo según dijo por cuestiones personales y no como se había informado en los medios de que tuvo un conflicto con el directorio.
Al ser interrogada sobre sus funciones no fue muy precisa hasta que Siley leyó el estatuto y dejó en claro que Solana tenía un rol jerárquico. Por ejemplo, estaba a cargo de colaborar en forma directa con el director general, colaborar en la formulación del presupuesto (que nunca se hizo), supervisar la ejecución del mismo, supervisar los ingresos de la obra social y fiscalizar el pago de proveedores y prestadores, entre otras cosas.
Cuando fue consultada por la diputada Brawer sobre quién supervisaba la contabilidad de la obra social y los registros contables, Solana respondió: “Yo. Pero no había registros contables pero no podía haber supervisión sobre algo que no existía”. En la misma línea, agregó ante las consultas de los diputados del FdT: “Cuando llegué no había un presupuesto que trabajar. Yo hacía un informe de gestión y situación patrimonial todos los meses. Pero no controlaba que se cumpliera ninguna meta presupuestaria porque no había presupuesto”.
Completaron la jornada de declaraciones dos afiliadas que contaron sus padecimientos con la Obra Social: las trabajadoras judiciales Laura Coulin y Liliana de Brito, quienes tuvieron serios problemas con los tratamientos de sus hijos. La obra social de los judiciales es autónoma pero depende de la Corte y era supervisada por los supremos, en especial, por Juan Carlos Maqueda.
