La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad destacó en un informe, en el que marcó los logros y desafíos a diez años de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucionales las leyes de impunidad o del perdón, “el alto número de sentencias obtenidas, y el creciente número de imputados sentenciados”.
La Procuraduría puso de relieve además “el incremento no sólo en la cantidad de juicios celebrados por año, sino también en la cantidad de imputados, cuya responsabilidad es dirimida en el marco de cada juicio”.
El informe se elaboró al cumplirse ayer diez años del histórico fallo de la Corte Suprema en el caso “Simón“, que significó la definitiva reapertura de las causas por crímenes del terrorismo de Estado, al declarar inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Entre los desafíos que se presentan en la actualidad está “el juzgamiento de los empresarios y funcionarios judiciales” que en este momento “suman 54, la mitad de ellos ex jueces”.
Respecto de los empresarios, se precisó que son “18 los imputados y que actuaron en las empresas Acindar, Chacra de Méndez, la Comisión Nacional de Valores, Ford S.A., La Nueva Provincia, La Veloz del Norte, Las Marías, Ledesma, Loma Negra, Mercedes Benz, Minera Aguilar y Papel Prensa” y que entre todos ellos, hay sólo dos condenados: los hermanos Emilio y Julio Méndez, por haber aportado la chacra donde estuvo secuestrado, fue torturado y asesinado en 1977 el abogado de los trabajadores de Loma Negra, Carlos Moreno.
“La baja cantidad de (empresarios) imputados sumada a las resoluciones que cuestionan la responsabilidad en casos donde existen grandes cúmulos de prueba son elementos que dificultan el avance del juzgamiento de estos imputados, lo cual implica que se diseñen nuevas estrategias para ello“, señaló la Procuraduría.
La última década aparece destacada en el informe de la Procuraduría en el recorte de tres períodos marcados de los últimos 32 años: 1983-1987, cuando se juzgó a las juntas militares y a policías bonaerenses encabezados por su jefe, Ramón Camps; 1988-2005, período que sólo tuvo juicios por casos de apropiación de niños y niñas, delitos excluidos de las leyes de impunidad; y 2006-2015, iniciado con los juicios abiertos tras la inconstitucionalidad de aquellas normas.
En la actualidad, un total de 278 imputados se encuentran en juicio, entre ellos 206 que aún no han tenido sentencia en otras causas.
La Procuraduría remarcó que, entre los logros, se destaca que a partir de 2008 comenzó a revertirse la tendencia a celebrar debates con un imputado por pocos hechos, para realizar juicios con causas unificadas que integran un objeto procesal mayor, tanto por hechos como por procesados.
En su informe, la Procuraduría señaló que hay 458 expedientes en trámite o firmes(es decir, aquellos en las que se ha confirmado la sentencia a todos los imputados) en 16 jurisdicciones judiciales del país.
