Estaba previsto que el nuevo código entrara en vigencia el 1 de marzo. Sin embrago no se aplicará por decisión del Ejecutivo que además transfirió las escuchas judiciales de la Procuración General a la Corte Suprema.
Mediante dos Decretos de Necesidad y Urgencia, el Gobierno le puso un freno a la implementación del Código Procesal Penal, que estaba prevista para el 1 de marzo, y transfirió las escuchas judiciales de la Procuración General a la Corte Suprema.
Desde el Gobierno consideraron que «pondría en grave riesgo la correcta administración de Justicia«. Además, se transfirió el sistema de escuchas al máximo tribunal de Justicia.
La información había sido adelantada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y se publicó en el Boletín oficial. El decreto 257/2015 establece que el nuevo Código «entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación» de esa norma, que está bajo la órbita del Congreso nacional, «previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación».
Además, se argumenta que «la implementación en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de Justicia». Asimismo, agrega que la suspensión tiene «la finalidad de evitar la aplicación asistemática y carente de integralidad de un diseño institucional cuya puesta en funcionamiento no se encuentra acabadamente planificada».
También, suspende las partidas presupuestarias establecidas para la puesta en marcha del nuevo Código y la creación de nuevas estructuras, y prevé un «mecanismo progresivo de asignación de recursos para atender las erogaciones que demande la efectiva implementación».
Luego, en declaraciones a radio Mitre, Garavano explicó que «el Gobierno anterior, en el marco de sus peleas con el sistema de justicia y su toma de la Procuración, intentó apurar un proceso que en otros países ha llevado entre seis y ocho años».
Con respecto a las escuchas, sostuvo que eso le daba un «exorbitante poder» a la Procuraduría General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, lo que generaba «una situación muy complicada».
