Desde la gestión bonaerense destacaron que «es el pedido de deuda más bajo de esta gestión: en 2016 fue 2,13 por ciento; en 2017 fue 1,43; en 2018 fue 1,24; y en 2019 es 1,06 por ciento del producto».
«De esta manera vamos a seguir avanzando en el camino de disminuir la deuda pública y no habrá incrementos en la deuda neta», aseguraron desde el oficialismo en un documento que circuló en las últimas horas entre los dirigentes de Cambiemos.
El vidalismo remarcó que las prioridades del Presupuesto son «el impulso de la obra pública, el fortalecimiento de la inversión social y las mejoras en seguridad».
El proyecto contempla gastos por 929 mil milones de pesos y prevé ingresos por 889 mil millones, por lo que el déficit será de 40 mil millones. Explicaron desde el Gobierno que el déficit que se mantiene «responde a la inversión en obras».
«Si no estuviéramos haciendo las obras de infraestructura para dejar atrás la enorme deuda social que los bonaerenses veníamos sufriendo desde hace décadas, no tendríamos déficit», afirmaron.
Subrayaron además que el déficit «se mantiene en 0,6 por ciento del producto, porcentaje muy similar al de los años 2018 y 2017 que fueron de 0,5 y 0,6, respectivamente».
El documento aclara que el Presupuesto 2019 «contempla la transferencia de subsidios de servicios públicos del Gobierno Nacional» y especifica que la Provincia «absorberá los subsidios al agua y al transporte, mientras que los municipios cubrirán la tarifa social de energía».
Según informaron desde el Gobierno, las políticas públicas en salud, educación, jubilaciones, pensiones, desarrollo social y seguridad representan el 67,4 por ciento de los gastos proyectados. El total de la inversión social en el presupuesto es de 55 mil millones de pesos, 35 por ciento más que en 2018, destacaron.
Para obras públicas, en tanto, el Ejecutivo aumentará las partidas un 32 por ciento anual. Uno de los fondos que más crecerá es el destinado al financiamiento educativo, que se incrementará un 49 por ciento anual.
Por otra parte, el Ejecutivo planea aumentar un 38 por ciento el impuesto inmobiliario urbano y rural para «continuar corrigiendo la distorsión generada después de 12 años de inflación alta en los que no se actualizó el valor fiscal de los inmuebles».
Asimismo, bajará las alícuotas de Ingresos Brutos para la producción primaria (de 1,5 a 0,75 por ciento), la construcción (de 3 a 2,5), los servicios (de 5 a 4,5), el transporte (de 3 a 2), las comunicaciones (de 5 a 4), los servicios inmobiliarios (de 6 a 5) y la electricidad, el gas y el agua (de 4 a 3,75).
Respecto al juego, al aumento aplicado sobre ingresos brutos (del 12 al 15 por ciento) se sumará un impuesto del dos por ciento para los premios de máquinas tragamonedas. El Gobierno también controlará el juego online, que hasta ahora funcionaba sin regulaciones estatales.
