Pésimas noticias para Mauricio Macri en sus vacaciones de presentación de libro en Europa en plena pandemia y con el cierre de listas sobre la cabeza de Juntos por el Cambio: el fiscal federal Ramiro González imputó al ex presidente por supuestamente haber escondido parte de su patrimonio al llegar a la Presidencia de la Nación.
La causa tuvo su puntapié inicial con una denuncia, presentada la semana pasada, por la Oficina Anticorrupción. El delito del que se acusa al ex mandatario está vinculado en el Código Penal al de enriquecimiento ilícito.
El representante del Ministerio Público Fiscal, que tiene delegada la investigación, dio impulso a la denuncia y dispuso las primeras medidas de prueba, según informaron a Télam fuentes judiciales.
Macri fue denunciado por la OA por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas, enriquecimiento ilícito y un eventual lavado de activos relacionados con una operatoria que sería ilegítima entre el “Fideicomiso Ciego” – que aparentemente sí podía ver – que constituyó el ex presidente con una empresa llamada Agro G S.A. luego de que estallara el escándalo por su intento de autocondonarse la deuda del Correo Argentino al Estado.
En abril pasado la Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó que se declare nulo el «Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración» de los bienes del dirigente PRO. Se trata de un documento que el expresidente celebró el 12 de abril de 2016, y además describió una serie de irregularidades que elevó a la OA.
La IGJ, que dirige Ricardo Nissen, determinó que los bienes incluidos en «el denominado fideicomiso ciego de administración no constituían, ni por asomo, la totalidad del patrimonio» del expresidente Macri, tras lo cual detalló que esos bienes apenas representaban «un 53% del conjunto total» de las pertenencias y propiedades del también empresario.
Con esa probatoria, la OA radicó la denuncia penal que recayó en el juzgado a cargo de la jueza María Servini. El organismo que conduce Félix Crous dispuso «remitir a la Unidad de Información Financiera (UIF) copia de la documentación, para su conocimiento e intervención según su competencia, ante la posible existencia de maniobras constitutivas de la figura típica contemplada y sancionada en el art. 303°, inc. 1° y 4° del Código Penal», o sea es lavado de activos.
Según el organismo, en su Declaración Jurada Patrimonial Integral de Carácter Público del año 2015, Macri indicó por ejemplo que detentaba acciones de Agro G S.A. representativas del 14,70% del capital social, cuando en realidad su tenencia accionaria era mucho mayor.
Esa circunstancia le habría permitido controlar otra empresa que tenía de socia a su esposa, Juliana Awada, por lo que -pese a que aún no avanzó tanto la investigación- podría eventualmente caberle alguna figura delictual. Esa sociedad le pasó al fideicomiso una cifra millonaria cuyo destino fue Macri, según se desprende de las denuncias.
La conducta descripta cae en el entramado típico previsto en el artículo 268 (3) del Código Penal, que reprime con pena de prisión de 15 días a 2 años e inhabilitación especial perpetua, a quien “estuviere obligado en razón de su cargo a presentar una declaración jurada patrimonial, y maliciosamente falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”, remarcó la OA.
También se advierte que correspondería imputarle a Macri la transferencia de al menos $45.000 provenientes de un ilícito penal con los que adquirió la titularidad de 45 acciones de la firma Molino Arrocero Río Guayquiraró S.A., la que se habría concretado entre el 23/05/11 y el 12/04/19, con la finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido.
