El fiscal Marcelo García Berro amplió la acusación por abusos y violaciones en perjuicio de tres víctimas, en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la comisaría de Villa Ballester, partido de San Martín, en el Gran Buenos Aires.
Los delitos de índole sexual denunciados son de lesa humanidad porque “fueron cometidos en el marco del ataque generalizado y sistemático contra población civil durante el terrorismo de estado en Argentina», subrayó el representante del Ministerio Público al ampliar la acusación, según informó hoy el sitio fiscales.gob.ar.
Dos de las víctimas ya habían denunciado los abusos y el fiscal había pedido que fueran investigados durante la instrucción de la causa pero, como a su criterio el Juzgado Federal interviniente nada habría hecho en esa dirección, también pidió investigar la posible comisión de un delito de acción pública.
En el marco del juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, que comenzó en agosto de este año, la tercera víctima declaró por primera vez por videoconferencia desde Barcelona, cuando expresó que “tenía la certeza que algún día iba a llegar este día, en el que iba a poder denunciar los hechos”.
En el juicio oral están acusados los represores Santiago Omar Riveros, Rodolfo Emilio Feroglio y Carlos Daniel Caimi por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 14 personas (tres de las cuales siguen desaparecidas), incluidos delitos sexuales en perjuicio de tres de las víctimas.
Respecto de los abusos y violaciones, el fiscal subrayó que, si no fuera juzgados y sancionados, “se estarían incumpliendo obligaciones internacionales asumidas por el Estado, además de perjudicar a las víctimas y difundir un mensaje poco alentador respecto de la realización efectiva de los derechos de las mujeres”.
El juez Marcelo García Berro repasó en este aspecto jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nacional, comprendido un fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que enumera las pautas para considerar que delitos sexuales son de lesa humanidad y que encontró acreditadas en el caso.
También citó bibliografía y un documento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, titulado “Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado”, cuya utilización por parte de los fiscales fue instruida por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
