«Las constantes provocaciones del gobierno de Milei y (Victoria) Villarruel violan todos los pactos internacionales que tienen rango constitucional», denunció en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, apuntó contra los discursos negacionistas en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. «Seguimos reclamando una ley contra el negacionismo que sancione a funcionarios y funcionarias, y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas», señaló a 48 años del golpe genocida.
«Vamos a seguir defendiendo las políticas de estado de memoria, verdad y justicia construidas sobre consensos democráticos y sostenidas por trabajadores y trabajadoras, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación debe continuar siendo querellante en los juicios de lesa humanidad», remarcó.
De Carlotto alertó que «los principales civiles del terrorismo de Estado continúan, en su mayoría, impunes» y agregó: «Para ellos también exigimos juicio y castigo ya. Y seguimos reclamando y preguntando dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos».
«Cortemos de una vez esa genealogía falsa que se impulsa del terrorismo de Estado arrebatándolos de sus madres, apropiándolos como si fueran botín de guerra, sumiendo a sus familias en la más incertidumbe y condenándolas a una búsqueda eterna», pronunció.
A su vez, denunció que «las constantes provocaciones del gobierno de Milei y (Victoria) Villarruel violan todos los pactos internacionales que tienen rango constitucional». Además, manifestó: «Es un extraño personaje (Javier Milei). Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido»”.
Por otra parte, la presidenta de Abuelas criticó las medidas del gabinete económico: «Repudiamos los despidos que se producen y exigimos de inmediato la reincorporación de compañeros y compañeras, así como las de todos los despedidos del Estado y reclamamos el cese de la estigmatización del trabajo público».
Asimismo, subrayó que el Gobierno «ha puesto en marcha un protocolo represivo, destinado a impedir el legítimo derecho a la protesta social”. «Así como hicieron Mauricio Macri y Patricia Bullrich, la persecución y difamación a los opositores políticos y sociales vuelve a ser una práctica cotidiana. Las defensas de personas detenidas a lo largo y ancho del país son expresión de la intimidación como política de Estado», sentenció.
