El proyecto firmado por 12 diputados nacionales del Frente de Todos ya ingresó al Parlamento. Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda podrían faltar, pero está complicado el ministro de Justicia de Larreta y la mano derecha del presidente cortesano. Quiénes son el resto de los testigos citados.
Con el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias ya en carrera, también es oficial el pedido del Frente de Todos para que se inicie un proceso de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que incluye el llamado a dar explicaciones a los magistrados pero también pide la presencia de unos 50 testigos.
El proyecto lleva la firma de una docena de diputados del Frente de Todos e ingresó anoche al Parlamento, a la espera de que le asignen número de expediente. Sucede cuando está confirmado que el período de sesiones extraordinarias se extenderá del 23 de enero al 28 de febrero.
Con la firma de Eduardo Valdés a la cabeza, el oficialismo solicitó que se cite a los cuatro jueces del máximo tribunal apuntados: el presidente cortesano Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que no están obligados a asistir pero con el asterisco de que proceder con un faltazo quedarían expuestos públicamente.
Pero además de la eventual presencia de los cuatro supremos en diputados, para el tratamiento en comisión del pedido de juicio político, el Frente de Todos llamó también a al menos 50 testigos, entre los que se destacan las presencias de Silvio Robles, vocero y mano derecha de Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
La presencia de ambos es clave porque el oficialismo busca demostrar, como se conoció a través de la filtración de los chats del escándalo en los que Robles le da indicaciones a D´Alessandro para proceder en la disputa por la coparticipación en la que luego decidió la Corte, que hay connivencia política entre el máximo tribunal y el gobierno porteño.
Son, de todos modos, varios los testigos con importantes cargos políticos y judiciales que surgen del texto del pedido de juicio político. Aparece convocado a prestar declaración a Héctor Marchi, administrador general de la Corte Suprema, y todos los integrantes de la vocalía del presidente de la Corte.
Además, el documento pide que se convoque a los gobernadores que suscribieron, junto al presidente Alberto Fernández, el pedido de enjuiciamiento a la Corte Suprema, como así también al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y al ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, entre otros.
También afirma que deben ser citados “todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados”.
«El juicio político que se promueve resulta ser un proceso constitucional llevado a cabo por un órgano constitucional (el Congreso de la Nación) con una función específica y exclusiva, tal como es la de analizar la responsabilidad política de los magistrados acusados y juzgar si aún mantienen la idoneidad necesaria para continuar ejerciendo adecuadamente el cargo que detentan, y de esta forma garantizar la calidad institucional, la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial”, se fundamenta en la iniciativa.
Además, el proyecto afirma que “el proceso que se promueve tiene por finalidad proteger el principio constitucional de idoneidad –tanto técnica como ética– de los magistrados en el desempeño de su cargo, característica que debe permanecer durante todo su ejercicio y que, como tal, y atento a las causales admitidas, abarca no sólo los supuestos de mal desempeño en el ejercicio de la función, sino también aquellos desórdenes de conducta que afectan la investidura personal del magistrado y extienden la afectación a toda la magistratura judicial”.
DOS DENUNCIAS QUE SE INCORPORAN Y PREOCUPAN A LA CORTE
El pedido de juicio político a Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda no solo incluye las acusaciones anticipadas por el presidente Alberto Fernández, sino que también se agregan denuncias a las que ya habían referido distintos integrantes del Gobierno, como la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a ser investigadas, que también preocupan al máximo tribunal.
La primera de ellas tiene que ver con el manejo de la obra social del Poder Judicial, un área que estuvo bajo la órbita de Maqueda y que motivó durísimos cuestionamientos no sólo desde el FDT sino también de la oposición, particularmente Juntos por el Cambio. Habrá que ver qué piensan ahora del tema, en el marco de su radicalizada defensa de la Corte.
También se incorporó como nueva acusación por el fallo “Muiña”, a través del cual los jueces de la Corte dispusieron que en casos en los que se juzgan crímenes de lesa humanidad resulta aplicable la ley conocida como “2 por 1″, hecho que motivó una de las protestas más masivas y transversales políticamente de los últimos 20 años, al menos.
El pedido de juicio político incluye, además, un apartado de prueba “documental” en el que solicita, sobre todo, que la comisión se haga de los fallos de la Corte y las acordadas en las que basa su acusación contra los jueces, pero también uno de prueba “informativa”, que en su séptimo punto incluye un pedido para que “se le de intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y/o organismo que se entienda competente, en los términos que la Comisión lo considere pertinente, para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación, como así también para informar entrecruzamientos de llamadas, y toda medida de similar naturaleza que aparezca conducente para el esclarecimiento de los hechos”.
