El país ratificó su papel en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, pese a las críticas de familiares y compañeros de las víctimas, y aseguró que no tienen ningún reporte que vincule a los secuestrados con algún grupo criminal.
Mientras se producía otra marcha de protesta en Acapulco y ONGs denunciaban al Ejecutivo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante una conferencia de prensa para dar un reporte sobre la investigación del caso de los alumnos de Ayotzinapa y la reunión celebrada entre el presidente Enrique Peña Nieto y familiares de los normalistas desaparecidos, el vocero del gobierno, Eduardo Sánchez, dijo que el mandatario refrendó a los padres de los estudiantes su compromiso de profundizar en las investigaciones.
Por su lado, Peña Nieto se manifestó en favor de la propuesta de reunirse por segunda vez con los familiares y compañeros de los desaparecidos en el estado sureño de Guerrero, informó Sánchez en rueda de prensa.
«Le solicitaron una segunda reunión para la próxima semana, y el presidente les respondió afirmativamente, aunque propuso que la misma se lleve a cabo cuando se dispusiera de nueva información», afirmó el vocero.
Por su parte, el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, dijo que la búsqueda de los jóvenes se ha realizado en 145 lugares, hoteles, cuevas y minas, entre otros sitios. Además, indicó que se han realizado mil recorridos terrestres y 40 revisiones en cuerpos.
Zerón informó que la PGR no ha recibido información por parte del gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, que señale que los estudiantes están vivos y que él está dispuesto a negociar con grupos criminales, pero apuntó que el mandatario local debe tener información que no ha dado a la procuraduría, reportó el diario capitalino La Jornada.
En tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, dijo que mientras no tengan un elemento que diga lo contrario, “estamos pensando que podemos encontrar a los 43 normalistas con vida”.
Agregó que siguen todas las líneas de investigación, por lo que negó que únicamente busquen en fosas y que se busca en todos los lugares que han señalado los 56 detenidos, entre policías y narcotraficantes.
Sobre el prófugo ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, dijo que se han revisado y allanado todos los domicilios «que son bastantes», y que no lo han encontrado ni a él ni a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y tampoco al ex secretario de Seguridad del municipio, Felipe Flores Vázquez.
«Estamos buscando dentro y fuera del país, estamos con alertas a nivel internacional y a nivel nacional estamos buscándolos por todos lados. Van a caer estos delincuentes», afirmó Osorio Chong, citado por el diario mexicano Milenio.
Sobre la reunión de casi seis horas celebrada el miércoles con Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos con los familiares de los desaparecidos, dijo que fue «muy respetuosa» y «con exigencias», pero negó que hubiera habido un enfrentamiento.
Reconoció que el gobierno de Peña Nieto, que se inició en diciembre de 2012, «vive sus días más difíciles» al frente del Ejecutivo, reportaron las agencias EFE, DPA y ANSA.
«Se ha dado esta circunstancia, esta situación lamentable, que no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, nos ha lastimado», declaró Osorio, quien aceptó que los padres «nunca podrán estar satisfechos» mientras no sean encontrados sus hijos.
Asimismo, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), estudiantes y organizaciones sociales volvieron a marchar en Acapulco en demanda de la aparición con vida de los 43 alumnos de Ayotzinapa, y reclaman por la intervención tardía del gobierno federal y que aún no tenga indicios de su paradero.
En Washington, 12 ONGs denunciaron al Estado mexicano ante la CIDH por “impunidad”, “encubrimiento y ocultamiento” en las investigaciones en varios casos de violaciones de derechos humanos, en especial en la ejecución por el ejército de 22 jóvenes en Tlatlaya, estado de México, y Ayotzinapa.
“México es un país de contradicciones, es un país adolorido que no puede tolerar más la simulación”, denunció Jaqueline Sáenz Andujo, coordinadora del área de derechos humanos de la organización Fundar.
Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, hizo eco de las denuncias de la sociedad civil mexicana sobre la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México. Consideró, según la version on line de la revista mexicana Proceso, que casos como el de Ayotzinapa y Tlatlaya “ya no son sorpresa, sino un patrón recurrente”.
