El nuevo Código Procesal Penal tiene desde el miércoles establecidos los plazos y formas de aplicación que se implementarán desde el 1° de marzo del 2016.
En cinco proyectos, que se votaron por separado, se establecieron los plazos y formas para que se aplique el nuevo Código Procesal Penal desde el el 1° de marzo del próximo año. El proyecto de ley de implementación obtuvo 45 votos a favor y 11 en contra; el de Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal tuvo 37 a favor y 19 en contra. Y la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa consiguió 45 a favor y 11 rechazos.
Los otros dos proyectos son la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, con 37 votos a favor y 19 en contra, y la normativa que instala modificaciones al Código Penal referidas a la suspensión del juicio a prueba tuvo 48 a favor y 8 en contra.
Tanto el oficialismo como la oposición llegaron a un consenso que aprobó el conjunto de proyectos, aunque los senadores opositores dieron su negativa para la Ley del Ministerio Público Fiscal y el proyecto que determina la competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal.
La Ley de Ministerio Público Fiscal indica que el nuevo Código regirá en la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, lo que la oposición criticó dado que los tribunales deben ser transferidos a la órbita de la Capital Federal. Gabriela Michetti, senadora del PRO por la Ciudad, dijo que el proyecto «atenta profundamente contra la autonomía de la Ciudad». Y agregó que «este Código debería aplicarse prioritariamente a la Justicia Federal».
Otro conflicto fue que la oposición solicitó minimizar el poder que se le otorga al procurador general de la Nación, ya que con el nuevo Código además de ser el jefe de los fiscales será el encargado de las investigaciones.
Mario Cimadevilla de la Unión Cívica Radical (UCR) criticó el proyecto y señaló que «convierte a la persona a cargo del organismo en un poder omnímodo, con facultades para intervenir en los concursos y en las sanciones». Rubén Giustiniani del socialismo entendió que «el nuevo sistema le otorga a la actual Procuración la facultad para designar fiscales sin ninguna sujeción a requisitos de transparencia o control».
Por parte del oficialismo fue Rodolfo Urtubey el encargado de defender el conjunto de proyectos. Señaló la necesidad de «una ley para cada órgano extrapoder», según publicó el portal El Destape.
