Alberto Fernández firmó esta medianoche el decreto que reglamenta el llamado «impuesto a las grandes fortunas». Al regreso de su gira por Chile, el Presidente encontró el texto que atravesó, desde su aprobación en el Senado el 4 de diciembre, un incesante ida y vuelta entre el Congreso, Economía y AFIP, y que hace 10 días aterrizó en la oficina de Vilma Ibarra para la última revisión.
En Casa Rosada proyectan que, si no hay sacudones, los primeros «cobros» por el aporte se registrarán en febrero. Queda, para eso, una instancia: la resolución general de AFIP que define la operatoria para el cobro de «aporte» que, según detalló su titular Mercedes Marcó del Pont, tiene un universo potencial de 11.865 individuos, sobre la base de las declaraciones juradas presentadas para el período fiscal 2019. Eso representa el 1,2% del total de contribuyentes y el 0,026% de la población de argentina.
Sin embargo, por los cambios en la cotización del dólar, la cifra de aportantes podría ampliarse, según señaló una fuente gubernamental. El detalle oficial indica que, a noviembre pasado, «el 40,6% del total de los bienes declarados por los contribuyentes potencialmente alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario son activos y bienes ‘dolarizados'» y, de ellos, el 92,4% están radicados en el exterior.
Pasaron 68 días desde que el proyecto se aprobó en Diputados y 55 desde que se convirtió en ley en el Senado, en ambos casos con rechazo de Juntos por el Cambio (JxC), que explicó su postura en Twitter con un mensaje que luego borró y que aprovechó Unidad Ciudadana. El plazo entre la aprobación y la reglamentación generó reclamos desde sectores del propio oficialismo.
Guzmán lo hizo circular internamente durante buena parte de diciembre y enero, luego hubo consultas cruzadas con AFIP y Jefatura de Gabinete y la semana pasada llegó a Legal y Técnica, la lupa final antes de la firma de Fernández que se espera para esta tarde. Se estima que el decreto llevará la rúbrica del presidente, Guzmán y Santiago Cafiero.
«El trabajo se hizo en un tiempo razonable porque se trata de una disposición novedosa y muy relevante, a la que le van a buscar el mínimo error para judicializar y la ley votada en el Congreso tenía algunas imprecisiones que hubo que subsanar en la reglamentación», aportó otra fuente involucrada en esa tarea.
Ahora AFIP tendrá 48 horas para publicar la Resolución General que establece la operatividad del pago. El miércoles, en la reunión del Gabinete Económico, además del tema precios, hubo un capítulo sobre «Aporte Solidario y Extraordinario», específicamente sobre los plazos y la ejecución.
Hay, además, un fantasma: que haya medidas judiciales en cadena, cautelares y amparos para evitar el pago. En el gobierno explican que la redacción de la reglamentación se trabajó en detalle para, a pesar de asumir que algunos contribuyentes judicializarán el aporte, reducir los riesgos de dos acciones: «los litigios y la evasión».
Así y todo, la estimación oficial es que en febrero estará en vigencia el procedimiento y durante el mes podrán empezar a registrar pagos. El mecanismo, que se hará mediante un aplicativo de AFIP que se acordó en la mesa conjunta con Economía y jefatura de Gabinete, vía Cecilia Todesca Bocco, supondrá que los alcanzados por el aporte deban presentar una declaración jurada y efectuar el pago.
Según un informe oficial , «las 380 personas humanas con bienes declarados en el país y en el exterior por una suma mayor a los $3.000 millones realizaría el 55% del aporte total. De esta forma, más de la mitad de la recaudación potencial adicional por el aporte solidario y extraordinario sería ingresada por el 3,2% de los contribuyentes alcanzados»
