A una semana de la movilización convocada por las universidades nacionales en reclamo de salarios y presupuesto, el oficialismo descarta ceder, desestima la protesta como «opositora y destituyente» y trabaja en silencio en cambios estructurales a la Ley de Educación Superior. La UBA y el sistema universitario van a fondo con reclamo.
El Gobierno de Javier Milei decidió no mover un centímetro su posición ante la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo. Mientras rectores, docentes, no docentes y estudiantes organizan una nueva movilización en reclamo de actualización salarial y mayor financiamiento, desde Balcarce 50 la respuesta es una combinación de menosprecio político hacia la protesta y una ofensiva de mayor alcance: la reforma de la Ley de Educación Superior.
«Otra marcha opositora»: la lectura interna
Ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas, un funcionario fue categórico: «Va a ser otra marcha opositora, destituyente, con sindicalistas y kirchneristas. No preocupa en absoluto». La frase resume la estrategia comunicacional del oficialismo: deslegitimar el reclamo por su composición política antes que responder a su contenido.
Otro importante funcionario fue en la misma línea y sostuvo que el Presupuesto 2026 ya fue votado y que las universidades deben «aprender a administrarse»: «Se gastan la plata en otra cosa y nos culpan por los sueldos».
La «solución» que pasa por el Congreso
En la administración libertaria aseguran que el conflicto se destrabará cuando el Congreso Nacional trate la nueva Ley de Financiamiento Universitario enviada por el Poder Ejecutivo, y sostienen que en el mientras tanto se encargarán de «explicar la verdad de las cosas».
La descripción interna del conflicto es igualmente dura: «Piden cosas imposibles. Necesitamos sacar la ley correctiva. Además, aumentamos los gastos de funcionamiento, en particular para salud, y también incrementamos las becas, pero los sindicalistas lo rechazan porque defienden sus intereses».
Los hospitales universitarios, en el centro de la disputa
Uno de los focos más calientes del conflicto es el financiamiento de los hospitales universitarios. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, salió a contestar: «Estamos perfectamente al día, pero los médicos mencionan una partida correspondiente a hospitales universitarios que está en el Presupuesto. Esos 80 mil millones son para todos los hospitales universitarios, somos un país federal, no es solo para la UBA como pretenden».
Sin embargo, la UBA ya respondió públicamente y ratificó que esa partida sigue sin ser transferida, sosteniendo una disputa que se mantiene abierta sin señales de resolución inmediata.
En esa misma línea, el Gobierno apunta con particular dureza al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. Desde Balcarce 50 lo acusan sin rodeos: «Yacobitti paga las campañas políticas con plata de la universidad».
La reforma de la LES: el movimiento de fondo
Más allá de la coyuntura, el dato político más relevante de la semana es otro. En Balcarce 50 admiten que se trabaja en la idea de reformar la Ley de Educación Superior (LES), sancionada en 1995 y modificada en 2015, con intención de «modernizarla» y optimizar la asignación de fondos para que se utilicen con «mayor eficiencia».
Una importante fuente anticipó que buscarán aplicar cambios en la autarquía económico-financiera que rige bajo el régimen de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, contemplada en la Ley 24.156: «La idea es ordenar la forma en la que se administra y que la asignación de presupuesto sea en base a parámetros objetivos».
La iniciativa implica avanzar sobre uno de los pilares institucionales de la autonomía universitaria: la capacidad de las casas de altos estudios de administrar sus propios recursos sin interferencia del Ejecutivo.
La marcha se organiza y el CIN sale a la escena
Esta tarde, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizará una conferencia de prensa en su sede a las 18.30, con rectores y rectoras, representantes de la Federación Universitaria Argentina y del Frente Sindical de las Universidades Nacionales, en la previa a la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo.
Desde el Gobierno garantizan tener «un fuerte apoyo de los alumnos» y aseguran que intentarán «evitar la protesta», aunque reconocen que el escenario ya está en marcha: «Somos los racionales».
La movilización del jueves próximo se perfila como un nuevo termómetro de la relación entre el Ejecutivo y el sistema universitario público, en un conflicto donde los argumentos de fondo -presupuesto insuficiente, salarios deteriorados, hospitales sin fondos transferidos- siguen sin respuesta concreta del oficialismo.
