Bajo una nueva normativa discrecional, el Gobierno nacional limita la circulación de los cronistas y prohíbe el ingreso de trabajadores de prensa con años de trayectoria en la sede gubernamental. Crece la preocupación por la libertad de expresión y la transparencia pública. Cuál es el argumento libertario.
Nuevas restricciones y discrecionalidad
La administración nacional ha implementado un sistema de control más rígido que impide a los cronistas habituales de la sede de Gobierno circular con libertad o acceder a áreas donde anteriormente se desarrollaba la cobertura diaria de la gestión. Según los reportes, la Secretaría de Medios y la Casa Militar han endurecido los requisitos para la permanencia en la Sala de Periodistas, limitando no solo el movimiento físico sino también la posibilidad de obtener información de fuentes directas.
El dato más alarmante es la prohibición efectiva de ingreso a periodistas que cuentan con acreditaciones vigentes y años de desempeño en la Casa de Gobierno. Esta decisión, tomada sin criterios técnicos claros ni comunicados oficiales previos, ha sido denunciada por diversos sectores como una herramienta de castigo y selección arbitraria de quiénes pueden y quiénes no informar sobre los actos del Presidente.
El impacto en el derecho a la información
La línea editorial del Gobierno parece orientarse hacia un control total del relato, privilegiando las redes sociales y los canales propios por sobre la intermediación del periodismo profesional. En este contexto, las restricciones en Balcarce 50 se perciben como:
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Un golpe a la transparencia: Al limitar el acceso físico, se reduce la posibilidad de consultas directas a funcionarios y el seguimiento de la agenda pública.
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Censura indirecta: La discrecionalidad para otorgar o retirar permisos de ingreso funciona como un mecanismo de presión sobre los medios y los profesionales de prensa.
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Obstaculización de la labor: La medida interrumpe rutinas de trabajo de décadas, afectando la calidad y la inmediatez de la información que llega a la ciudadanía.
Un clima de hostilidad creciente
Este cierre de puertas no es un hecho aislado, sino que se suma a la retórica de confrontación que el mandatario mantiene con el sector. La prohibición de entrada a los acreditados vacía de contenido la tradicional Sala de Periodistas y transforma a la Casa Rosada en un búnker hermético, donde la única voz autorizada es la que emana oficialmente de los despachos presidenciales, dejando a la sociedad argentina con menos herramientas para el control del poder público.
Los «argumentos» del Gobierno
Desde el Ejecutivo dice que la restricción se mantendrá vigente hasta que se esclarezca el episodio vinculado a la emisión del programa “Y mañana qué”, de Todo Noticias, denunciado por grabar imágenes del interior del edificio.
“Hasta tanto no esté el nuevo reempadronamiento, no se va a habilitar el ingreso de ningún periodista a la Casa”, decretaron sobre el proceso iniciado en abril.
«El video muestra de forma inequívoca que el autor del informe registró sin filtro la actividad de la sede principal del Gobierno mediante una grabación subrepticia», apuntaron desde la Casa Militar, la cual enfatizó en que habrían utilizado «lentes inteligentes». Dicha área, encargada de la custodia presidencial, insistió en que “se apartó groseramente de la reglamentación aplicable”, al tiempo que no descartaron posibles delitos contemplados en los artículos 222 y 223 del Código Penal, vinculados a la obtención o divulgación de secretos.
En medio de la controversia, en lugar de explicar, el presidente Milei aprovechó para insultar nuevamente al periodismo: “Basuras repugnantes. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!”, sentenció.
