Con un registro del 2,9% en el segundo mes del año, el IPC vuelve a poner bajo presión el esquema oficial. Argentina se consolida como el segundo país con mayor suba de precios en la región, solo superado por Venezuela y distanciándose drásticamente de sus socios del Mercosur.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero, arrojando un 2,9% que cayó como un balde de agua fría en los despachos oficiales de la Casa Rosada.
Lejos de la «convergencia» hacia el 2% mensual que el equipo económico de Luis Caputo promocionaba como el éxito definitivo del plan de ajuste, los datos exponen una resistencia estructural que comienza a erosionar la narrativa del superávit y la estabilidad.
El número de febrero no solo representa un freno en la tendencia descendente que el Gobierno intentaba instalar, sino que reactiva las alarmas sobre la sostenibilidad de un programa basado en el ancla cambiaria y una recesión que no logra disciplinar los precios de los servicios públicos y los alimentos.
El espejo regional: una comparación que duele
La situación argentina cobra una dimensión más crítica cuando se analiza el contexto latinoamericano. Mientras que la mayoría de las economías de la región han logrado estabilizar sus monedas y mantener inflaciones anuales de un solo dígito, la gestión de Javier Milei sigue navegando en aguas turbulentas que la posicionan en un podio incómodo.
De acuerdo con el relevamiento de datos regionales, Argentina secunda a Venezuela en el ranking de mayor inflación de América Latina. La brecha con los socios estratégicos del Mercosur es, por lo menos, alarmante: la cifra de febrero en Argentina cuadruplica la inflación de Brasil, bajo la gestión de Lula da Silva, y supera con creces los registros de Uruguay, Chile y Paraguay, países que han logrado blindar sus economías de los vaivenes monetarios.
Este diferencial no es solo estadístico; representa una pérdida sistemática de competitividad para la industria local y un encarecimiento del costo de vida en dólares que ubica a la Argentina como uno de los países más caros de la región para sus propios habitantes.
Presión sobre el Palacio de Hacienda
El 2,9% de febrero deja al plan económico en una encrucijada. Por un lado, el Gobierno se resiste a devaluar para no retroalimentar la espiral inflacionaria, pero, por otro, el «atraso cambiario» comienza a ser cuestionado por el sector exportador y por organismos internacionales que miran con lupa el nivel de reservas del Banco Central.
La inflación núcleo —aquella que no contempla precios regulados ni estacionales— sigue mostrando una resistencia que el «efecto licuadora» sobre salarios y jubilaciones ya no alcanza a contener. Con los aumentos pendientes en tarifas de gas, electricidad y transporte que presionarán el índice de marzo, el objetivo de una inflación que comience con «1» parece hoy una meta lejana y, para muchos analistas, ficticia.
En definitiva, los datos de febrero confirman que el ajuste fiscal, por sí solo, no ha sido suficiente para anclar las expectativas de una sociedad que ve cómo su poder adquisitivo se desploma mientras Argentina se aísla, por sus propios errores de gestión, del sendero de estabilidad que ya transita el resto del continente.
