La diputada Marcela Pagano solicitó al juez Ariel Lijo que detenga al jefe de Gabinete por haber contactado al contratista Matías Tabar antes de su declaración judicial y ofrecerle asesoramiento. Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel aprovechó el escándalo para marcar distancia del Ejecutivo con una ironía en redes sociales.
El caso que rodea al jefe de Gabinete Manuel Adorni tuvo este lunes un giro de máxima gravedad institucional. La diputada Marcela Pagano, que entró a la Cámara baja por La Libertad Avanza, solicitó la detención del ex vocero de Javier Milei por, supuestamente, haber apretado a un testigo previo a su declaración, en el marco de su denuncia por enriquecimiento ilícito.
Pagano presentó la solicitud al juez Ariel Lijo, basada en la doctrina «Irurzun» por analogía agravada al funcionario en ejercicio, acusándolo de haber contactado a un testigo clave, el arquitecto Matías Tabar, antes de que declarara bajo juramento.
La doctrina «Irurzun» no es un concepto menor en la historia judicial argentina reciente. Se trata de un criterio judicial que justifica la prisión preventiva de exfuncionarios o personas con poder si se presume que sus lazos funcionales o «relaciones residuales» pueden entorpecer la investigación penal.
Esta maniobra fue utilizada contra funcionarios del kirchnerismo, tales como Julio De Vido y Amado Boudou, durante el macrismo. Que ahora se aplique -o se intente aplicar- sobre el segundo funcionario del gobierno de Milei tiene una carga simbólica que la diputada no dejó pasar: «¿Cómo no se va a usar con Adorni que es la persona más importante de la Argentina, detrás del presidente Javier Milei y su hermana Karina?».
Qué declaró el contratista
El detonante de la escalada judicial fue la declaración de Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita. El contratista afirmó haber recibido de parte del jefe de Gabinete USD 55.000 en 2024 y el resto en 2025 para una obra que duró 10 meses en su casa del country Indio Cua, incluyendo la instalación de una casacada de USD 3.500.
Según la información incorporada en la causa, la propiedad habría sido adquirida en 2024 por un valor cercano a los USD 120.000, una cifra inferior al monto que, según el testimonio, se destinó posteriormente a su remodelación. El dato resulta llamativo por su propia aritmética: Adorni habría gastado en refaccionar la casa más del doble de lo que pagó por comprarla.
El contacto previo a la declaración: el núcleo del pedido de detención
Según se leyó en la audiencia, Adorni contactó al contratista antes de la declaración y le dijo que necesitaba hablar con él. Tabar relató que hablaron telefónicamente y que Adorni le ofreció ayuda o la posibilidad de que su equipo lo asesorara por el tema de la declaración. Tabar dijo que inicialmente lo consideró, pero luego consultó con una persona y decidió rechazar ese contacto para evitar que pareciera que estaban elaborando una estrategia común.
Según la denuncia, Adorni le habría ofrecido «ayuda» y el contacto de su «equipo», y se habrían borrado mensajes de WhatsApp vinculados a ese intercambio. Pagano se hizo eco de las versiones periodísticas sobre la declaración ante el fiscal, ya que como denunciante no tiene acceso directo a la causa. Según esas versiones, Tabar habría recibido contacto de la gente de Adorni para borrar conversaciones a cambio de beneficios.
La diputada argumentó que el hecho se agrava por la posición institucional del imputado. Adorni se encuentra en pleno ejercicio de su cargo, lo que le otorga mayor capacidad de influir sobre testigos, organismos públicos y el desarrollo del expediente. «Adorni es una persona poderosa y es un reaseguro que se usa para que personas con poder no entorpezcan la causa», añadió.
En el pedido se advirtió también que existen otros testigos pendientes de declarar, por lo que se teme una reiteración de este tipo de conductas. Como alternativa a la detención, Pagano solicitó restricciones estrictas: prohibición de contacto con testigos, retención del pasaporte, caución económica y preservación de comunicaciones. La presentación también incluyó un pedido de ampliación de la imputación y la producción de pruebas, entre ellas el peritaje del celular del testigo para recuperar los mensajes eliminados.
Villarruel: la chicana desde adentro del propio gobierno
Mientras la causa judicial avanzaba, la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió no guardar silencio. Sin nombrarlo, la titular del Senado chicaneó al jefe de Gabinete en su cuenta de «X», horas después de que se conociera la declaración del contratista. Aprovechó un saludo de cumpleaños de un usuario de la red social para lanzar: «Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!».
La ironía de Villarruel no fue casual ni inocente. Semanas antes, la vicepresidenta ya había marcado distancia del Ejecutivo al cambiar sus planes a último momento para evitar compartir la misa por el aniversario de la muerte del papa Francisco con «lo peor de la casta», según afirmó. La titular del Senado retomó así su diatriba contra el Ejecutivo, enfocada en la figura de Adorni, uno de los funcionarios más cercanos a los hermanos Milei.
El comentario de Villarruel sobre «una cascada de éxitos» dirigido implícitamente al funcionario investigado por haber mandado instalar precisamente una cascada con fondos de origen no justificado resume en pocas palabras el nivel de tensión interna que atraviesa el gobierno de La Libertad Avanza. En el año en que el oficialismo enfrenta elecciones legislativas, el escándalo Adorni no es solo un problema judicial: es una fisura que se hace visible desde adentro.
