El parlamento Europeo (PE) respaldó el acuerdo que hará más difícil a los ciudadanos comunitarios evadir impuestos mediante cuentas bancarias en el país helvético en virtud de un acuerdo entre la Unión Europea y Berna.
El acuerdo entre la UE y Suiza, que aún tienen que rubricar el pacto a tiempo para su entrada en vigor el 1 de enero de 2017, supone el intercambio automático de información sobre las cuentas bancarias que sus residentes tengan en el otro territorio a partir del año siguiente.
«No permitiremos que personas o empresas escondan sus activos para no pagar impuestos», señaló el ponente del texto votado, el socialdemócrata danés Jeppe Kofod.
El PE dio su visto bueno al texto por 593 votos a favor, 37 en contra y 58 abstenciones, de acuerdo con un despacho de la agencia de noticias EFE.
«Cada vez que alguien comete fraude fiscal, está sustrayendo fondos que podrían dedicarse a educación o sanidad», agregó Kofod, quien destacó que «poner fin al secreto bancario es un paso importante en la lucha contra el fraude y hacia la justicia tributaria».
La UE y Suiza alcanzaron en mayo de 2015 un acuerdo contra el fraude y la evasión fiscal y se comprometieron a intercambiar información no solo sobre ingresos, como intereses y dividendos, sino también sobre el saldo de las cuentas bancarias y las ganancias derivadas de la venta de activos financieros.
El convenio prevé que Suiza aplicará medidas más estrictas, equivalentes a las que ya están en vigor en la Unión desde marzo de 2014 y cumplirá los estándares globales de intercambio automático de información sobre cuentas bancarias establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
También incluye disposiciones dirigidas a limitar las opciones de los contribuyentes para eludir sus obligaciones fiscales mediante la transferencia de activos o invirtiendo en productos que no están cubiertos por el acuerdo.
Según ese pacto, las autoridades tributarias en los Estados miembros y en Suiza podrán identificar correctamente y de manera inequívoca a los contribuyentes, aplicar sus normas fiscales en casos transfronterizos, evaluar el riesgo de fraude fiscal, y evitar investigaciones innecesarias.
La consulta al PE era preceptiva y el convenio también tendrá que ser ratificado por el parlamento suizo.
