A través de una resolución emitida este martes, el juez Martín Cormick —titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11— dictaminó que el Gobierno Nacional debe poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario sin más demoras.
Esta medida cautelar invalida provisionalmente el decreto presidencial que mantenía congelados los fondos destinados a salarios de docentes y no docentes y la ayuda estudiantil por medio de las becas.
El proceso legal fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a otros organismos del sector, quienes presentaron un recurso de amparo para proteger el sistema educativo.
Esta orden judicial se mantendrá operativa de forma cautelar hasta que se alcance un veredicto final sobre la cuestión de fondo. Por el momento, la Casa Rosada queda obligada a transferir los fondos correspondientes para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios.
Puntos claves de la resolución judicial
- Invalidez del Decreto 759/2025: La Justicia rechazó el argumento del Ejecutivo que pretendía supeditar la Ley 27.795 a que el Congreso identificara primero las fuentes de recursos. El juez consideró que condicionar la norma de esta manera resulta una acción arbitraria
- Respeto a la Constitución: El fallo subraya que, dado que ambas cámaras del Congreso insistieron en la ley (según el artículo 83 de la Carta Magna), el Estado no tiene potestad para suspender su promulgación o ejecución
- Impacto Inmediato: Se ordenó el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la legislación vigente. Esto implica:
