Luego de que la Corte Suprema reafirmara la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, a través de la cual la expresidenta recibió una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la defensa puso en marcha una estrategia legal orientada a los organismos internacionales.
El abogado de la líder política Gregorio Dalbón se trasladó hasta los Países Bajos para llevar el reclamo ante la Corte Penal Internacional. Desde La Haya, declaró que su presencia respondía a “situaciones que tienen que ver con violaciones de los derechos de Cristina Fernández con la violación del debido proceso”. Aunque aclaró que no se trató de una denuncia formal, sí marcó el inicio de una etapa exploratoria.
Allí buscarán probar que durante el proceso judicial se violaron garantías constitucionales y que existió una articulación entre sectores del Estado y el Poder Judicial con fines persecutorios. Si el planteo prospera, el caso podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con capacidad para emitir una sentencia internacional.
Igualmente, estos procesos suelen ser extensos, por tanto, en caso de avanzar, la expresidenta deberá cumplir la condena hasta que no se resuelva la instancia transnacional, salvo que se otorgue alguna medida cautelar.
Con este escenario, y sin acceso a fueros parlamentarios ni posibilidad de presentarse a cargos públicos, el impacto de la sentencia ya se siente en el plano político. La defensa apuesta ahora a lograr, fuera del país, lo que los tribunales argentinos rechazaron: una revisión de fondo de la condena.
