A diez años de la sanción de la ley 1.770 que ordena la urbanización de la Villa 20 y a un año del violento desalojo del ex barrio Papa Francisco, los vecinos se manifiestan para denunciar el incumplimiento total del gobierno porteño.
Hoy a las 11, vecinos y organizaciones sociales se encontraran en el Obelisco en reclamo a los incumplimientos del Ejecutivo porteño. Marcelo, vecino de Villa 20, explicó a Nueva Ciudad: “Vamos a marchar al despacho de la jueza Elena Liberatori pidiendo que por favor cumpla lo que prometió a todos los vecinos de villa 20 y del ex barrio Papa Francisco, a quien le dijo que ni bien desalojen la toma del predio empezaba el saneamiento de la tierra y después de eso la urbanización del barrio. Paso un año y Liberatori no cumplió con nada. También, vamos a ir a jefatura de gobierno a hacer una radio abierta con todos los vecinos de villa 20”.
El 11 de agosto de 2005, la Legislatura Porteña sancionó la Ley 1.770, en la que se obliga al Poder Ejecutivo a llevar adelante la urbanización de la Villa 20, la cual nunca se cumplió. Los vecinos que sufren la grave situación habitacional, reclamaron “el inmediato cumplimiento de la Ley 1.770, respetando su carácter participativo y recordando que en ella se determinó que el predio ubicado entre Pola, Av. Cruz, y Av. Escalada, debe ser saneado y destinado exclusivamente a la construcción de viviendas para nuestras familias”.
El predio mencionado es el mismo que hace un año era ocupado por 700 familias que conformaron el ex barrio Papa Francisco. Por decisión del gobierno porteño, topadoras arrasaron con las casa en un brutal desalojo que dejó sin viviendas a las familias, a quienes el 23 de agosto de 2014 expulsaron bajo la promesa de una solución habitacional que aún no ha sido cumplida.
“Nuestro barrio quedó ensombrecido bajo la acción de un gobierno cuya única respuesta ha sido la violencia, el olvido y la criminalización de los que luchamos por una vivienda digna. Ante el reclamo por la reurbanización sumamos la exigencia del desprocesamiento de nuestros compañeros y compañeras judicializadas durante la lucha del Barrio Papa Francisco”, indicaron en el comunicado.
Carmen, vecina del ex barrio Papa Francisco, dijo a Nueva Ciudad que cuando los desalojaron les prometieron “un subsidio por diez meses que a mucha gente se le ha cortado al segundo mes. Y los requisitos que te piden y el dinero que te dan no sirve para nada. Así que cada uno está pagando su alquiler a todo pulmón como decimos siempre”.
En ese sentido, los vecinos exigen al “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que inicie de inmediato el saneamiento de la tierra para la construcción de viviendas sociales, ya que no tiene ninguna limitación formal para hacerlo y dispone de un presupuesto específico de $30.000.000 que se encuentra bajo la tutela de la Jueza Elena Liberatori”, quien no lo ejecuta.
Para la urbanización de la Villa 20 y la reubicación de las familias del ex barrio Papa Francisco se pide “se tome en cuenta el proyecto realizado por la catedra del Taller Libre de Proyecto Social de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad Nacional de Buenos Aires, ya que este es el único diseñado íntegramente en conjunto con los vecinos y vecinas del barrio tal como determina la Ley. Por esta misma razón, rechazamos enérgicamente los otros dos proyectos de los legisladores Ritondo y Gentillini que quieren ser impuestos sin ser discutidos y consensuados con los vecinos”.
Por último, los vecinos exigen que se “incorpore al padrón de beneficiarios de Ley 1.770 a todos los vecinos y vecinas que integran el censo del año 2014 realizado en la Villa 20 por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), así como a la totalidad de familias que componen el censo realizado en el mismo año dentro del Barrio Papa Francisco”.
