Pese a la reunión bilateral que por más de siete horas encabezaron las cancilleres María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez, siguieron las críticas y acusaciones cruzadas por altos funcionarios de ambos países, incluidos los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro.
La tensión entre Colombia y Venezuela, derivada del cierre de la frontera común y la deportación de más de 1.000 colombianos dispuestos hace una semana por el segundo país,
En ese encuentro, del que participaron también otros ministros y altos funcionarios, solo se acordó que se reunirán los defensores del Pueblo de ambos países para establecer «protocolos para deportaciones de Venezuela hacia Colombia» y los ministros de Defensa para mejorar las medidas comunes de ataque al delito en las zonas de frontera, anunció Holguín.
En tanto, Rodríguez subrayó que ambos gobiernos dieron «el primer paso hacia la construcción conjunta de una nueva frontera binacional».
Ni una ni otra mencionaron la posibilidad de poner fin al cierre de la frontera, medida que fue reivindicada por Rodríguez luego de que Holguín dijera que su gobierno no estaba «de acuerdo» con que fuera la mejor solución para combatir el delito.
La reunión se realizó en la casa del Marqués de Valdehoyos, sede de la cancillería en el centro histórico de Cartagena de Indias, fuertemente custodiada por un centenar de policías.
Fue precedida por saludos fríos y estrictamente protocolares de los participantes y por la rechifla de vecinos ante la llegada de la delegación venezolana, según describieron enviados especiales de medios periodísticos de ambos países.
Paralelamente, Santos -que por la tarde se desplazó a la ciudad fronteriza Cúcuta, donde se reunió con funcionarios de su gobierno y conversó con colombianos deportados- afirmó ante varios ex presidentes latinoamericanos, en un foro en Bogotá, que «los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela, no son hechos en Colombia», y agregó que, en el país vecino, «el desabastecimiento en los almacenes, en los supermercados, es peor que en Kabul o en Siria».
Fue una respuesta implícita a Maduro, quien anoche sugirió que estaba desinformado sobre la situación en la zona de la frontera.
«Yo voy a llamar al presidente Santos para explicarle detalles de esto y le voy a mandar un enviado especial para que le lleve las pruebas, porque yo parto del hecho que no conoce esto y lo único que sabe es lo que dicen (el diario) El Tiempo, (la revista) Semana y (la radio) Caracol», dijo Maduro.
En tanto, el vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza, afirmó en la ciudad fronteriza San Antonio que el del contrabando y otros delitos en la zona limítrofe «no es un problema venezolano y tiene que ser atendido en primer lugar por las autoridades colombianas».
«Duele que el pueblo colombiano siga sufriendo un conflicto interno pero nosotros, entiéndannos, no podemos permitir que el territorio venezolano sea extensión de un conflicto que no es nuestro», agregó Arreaza, quien reportó la detención en esa ciudad de un supuesto «jefe paramilitar» colombiano de 19 años.
Asimismo, volvió a tomar cuerpo hoy la preocupación por el aspecto humanitario de la deportación de colombianos de Venezuela, iniciada el sábado pasado y que hasta esta mañana afectaba a 1.088 personas, según un comunicado del gobierno colombiano que corrigió su propio reporte de ayer, que situó esa cantidad en 1.113.
Por un lado, el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, dijo a la radio RCN que estaba recopilando información para presentar una denuncia contra el gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional por los métodos utilizados en la expulsión de colombianos. «Estamos frente a claros delitos de lesa humanidad», sostuvo.
A la vez, la ciudad de Cúcuta demandará a Maduro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «por delitos de lesa humanidad, atropellos, violencia psíquica y vulneración de derechos humanos», anunció el alcalde de esa ciudad, Donamaris Ramírez, a la radio La W.
En tanto, la Unión Europea y la organización Amnistía Internacional utilizaron el mismo término –«preocupada»– en sendos comunicados en los que expresaron su posición ante las denuncias de violación de derechos humanos supuestamente cometidas por Venezuela en la expulsión de colombianos.
Dentro de Venezuela, el Partido Socialista Unido (PSUV) gobernante convocó para el viernes a una «gran movilización» en Caracas que desemboque en el palacio presidencial de Miraflores, en apoyo a la política oficial sobre la cuestión de la frontera, informó el jefe de la campaña electoral del oficialismo, Jorge Rodríguez.
En cambio, el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que reúne a 28 partidos opositores, Jesús Torrealba, dijo a Unión Radio que esa política es «un intento del gobierno de, en el corto plazo, crear una situación de perturbación que pudiera dar pie a suspender o posponer» las elecciones para renovar la composición total de la Asamblea Nacional (parlamento), previstas para el 6 de diciembre próximo.
