«La ordenanza incluye en su espíritu el fomento de la solidaridad de los distintos actores y busca dar respuesta al deterioro de las condiciones sociales y la caída en el poder adquisitivo que surgen como consecuencia de las medidas económicas y políticas aplicadas por el Gobierno nacional», se informó en un comunicado.
La medida había sido aprobada en mayo de 2017. Desde el municipio destacaron que su prórroga era «imperiosa» por el aumento de la pobreza y de la desocupación en el distrito y por la pérdida de poder adquisitivo fruto de la inflación y de los tarifazos.
“El 14 de diciembre del 2016, el Congreso Nacional aprobó la ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2019 la vigencia de la Emergencia Alimentaria Nacional, por lo cual, resulta imperioso que a nivel local se accione, en la misma línea, contra este flagelo”, expresa el proyecto del oficialismo.
Producto del acuerdo entre los intendentes del PJ, la Emergencia Social y Económica ya fue aprobada en Almirante Brown, Ituzaingó, La Matanza y Hurlingham. Los jefes comunales dedicieron aplicar la medida en sus distritos luego de que María Eugenia Vidal se negara a instrumentarla a nivel provincial.
