El proyecto fue enviado por el Ejecutivo y reemplaza el actual sistema de justicia “inquisitivo” por una “acusatorio”, en el que la investigación preparatoria estará a cargo de los fiscales.
La iniciativa tiene distintas modificaciones al Código que se utiliza en la actualidad. Entre ellas se destacan la suspensión del proceso a prueba y la posible expulsión del país a los extranjeros condenados por un delito en flagrancia.
Incluye también, e decomiso a favor del Estado Nacional de cosas o ganancias que son fruto o provienen del narcotráfico, lo cual ya establece la ley aprobada por el Senado hace pocos meses.
En ese sentido, luego de eliminar la “conmoción social” como un agravante para dictar la prisión preventiva del acusado, los senadores recortaron las facultades que poseía el Ministerio Público Fiscal para distribuir a los fiscales en las diversas causas.
Como miembro informante del oficialismo, el senador Pedro Guastavino rechazó las críticas contra el rápido tratamiento del Código propuesto por el Poder Ejecutivo al señalar que comenzó a tratarse en septiembre de este año en la comisión de Justicia y Asuntos Penales pero que ya en 2012 se empezó a dar la discusión en las provincias como la suya, Entre Ríos.
«Este Código tiene que ver con lo que es la justicia federal, con que los delitos en las provincias tengan que ver con delitos federales», afirmó y añadió que «será una herramienta central para poder luchar especialmente contra el crimen organizado y delitos complejos como el lavado de dinero o la trata de personas».
«No creo que haya ningún sector que defienda el actual Código. El actual sistema genera profundas inequidades porque perjudica a la víctima que carece de condenas rápidas y tampoco le da satisfacción al imputado que pasa todo su proceso penal detenido y cuando llega la sentencia suele ser menor al tiempo que ha transcurrido detenido», explicó.
Guastavino señaló que «esto se contrapone con los tratados que ha firmado este país con este postulado de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario».
En nombre del radicalismo, el senador por Chubut Mario Cimadevilla advirtió que la iniciativa genera «un clima de mucha desconfianza por quienes tendrán que tener a su cargo la aplicación de este Código», en alusión a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de quien se quejó por no haber asistido al Senado a exponer sobre la nueva normativa.
«Tendríamos que haber tratado esto con una ley de Ministerio Público y esto hoy no lo estamos haciendo», sostuvo, y dijo que su «gran preocupación es que el Código requiere para su aplicación de fiscales que sean absolutamente independientes del Poder Ejecutivo».
En tanto, la justicialista disidente, Liliana Negre de Alonso, anunció que el interbloque del peronismo federal votará en contra porque “no se puede discutir un Código Procesal Penal si no definimos los roles adecuados de las víctimas, los jueces y el Ministerio Público”.
“No podemos debatir este código si el Ministerio Público no tiene una policía fiscal. Además, no se hizo un estudio geográfico estadístico de cuántos funcionarios se necesitan por zona del país. A ojo de buen cubero se han creado nuevos cargos”, sentenció la puntana que indicó que en el dictamen de minoría que presentaron todo eso que mencionó está incluido.
