Los feminismos porteños ya tienen fecha para ocupar la calle una vez más por el aborto legal, seguro y gratuito. El próximo 28 de mayo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentará en el Congreso, por octava vez, el nuevo proyecto para legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE).
La fecha fue acordada en un plenario de la campaña, de la que participaron también diputadas e integrantes de organizaciones sociales y de colectivos feministas. La estrategia para este año es incrementar la adhesión de legisladores de distintos bloques, que el año pasado obtuvo más de 70 firmas, y el día de la presentación habrá una convocatoria para marchar en todo el país.
“La iniciativa parlamentaria propone la sanción de una ley fundamental y que dará resolución a una problemática de salud pública como son los abortos inseguros en nuestro país, la necesidad de reforzar políticas preventivas en Educación Sexual integral y programas de salud sexual y reproductiva”, manifestaron desde la campaña. Y remarcaron que “en año electoral, ya son muchas y muchos las y los diputados que comprometieron el apoyo al Proyecto de Ley”.
En principio el nuevo proyecto mantiene la despenalización y legalización de la ILE hasta la semana 14 y más allá de ese plazo, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación. También se vuelve a determinar que debe ser garantizado por el sistema de salud, público, privado y de obras sociales. Además, debe estar incluido en el Plan Médico Obligatorio.
Una de las novedades de este año es la eliminación las «graves malformaciones fetales», como una de las causales debido a los cuestionamientos de organizaciones que trabajan sobre derechos de las personas con discapacidad. Se dejó afuera también la despenalización en casos de fetos incompatibles con la vida extrauterina. Esto se había acordado en la votación de la Cámara de Diputados.
La Campaña incluyó en el proyecto que se debe garantizar el procedimiento dentro de los cinco días de requerida. No criminaliza a las personas que aborten por fuera del plazo de 14 semanas y de las causales establecidas. Finalmente, el texto propone la despenalización total: esto significa que en ningún caso podrán ser criminalizados los efectores de salud, salvo cuando se practique sin el consentimiento de la mujer o persona gestante.
Quedó por fuera del proyecto de ley la objeción de conciencia. En el nuevo proyecto se incorpora la definición, agregada en la discusión en Diputados, de «persona gestante». Pero al establecer el alcance de la ley, habla incluso, de «toda mujer u otra identidad con capacidad de gestar».
Sobre las «asesorías», determina que deben estar a disposición de las personas que soliciten un aborto, donde deberán recibir información objetiva y precisa sobre la práctica, y además se le tendrá que ofrecer anticoncepción. El cambio en este caso en es la definición de asesorías, mientras que el año pasado se hablaba de «consejerías».
Otra incorporación es sobre la interculturalidad. Si la persona gestante hablara otra lengua que no sea el español, se deberá garantizar la presencia de intérprete con el fin de asegurar una comunicación efectiva en un marco de respeto por la interculturalidad. Y en relación a las personas menores de edad, se determinó que al las menores de 13 años deben tener un consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. En los casos, de adolescentes de entre 13 y 16, se presume que tiene la madurez suficiente para dar el consentimiento requerido. Sin embargo, se agrega que cuando esté en riesgo la integridad o la vida, por una condición preexistente, deberá acompañar el consentimiento al menos uno de sus progenitores (según artículo 26, párrafo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación).
Por último, se incorpora todo un apartado para la Educación Sexual Integral, señalada como una responsabilidad de los gobiernos nacional, provinciales y municipales, para aplicarla y fortalecerla. Si bien todavía está abierta a cambios, la iniciativa ingresaría el mes próximo al Congreso y se convocará a una gran movilización de pañuelos verdes.
