Dado que el bloque de diputados del Frente para la Victoria logró emitir dictamen del proyecto en un plenario de comisión, sólo les queda como objetivo convertirlo en ley en una sesión especial que se realizará la semana próximo.
En el marco de un plenario de comisiones de Justicia, Legislación penal y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, el ministro expuso los alcances de la iniciativa aprobada el pasado 19 de noviembre por el Senado, donde destacó la necesidad de pasar del sistema inquisitivo al acusatorio.
Del plenario participaron además el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena; el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez y la presidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio.
Luego de escuchar a los funcionarios, el oficialismo pasó a la firma el dictamen de mayoría, que será tratado en el recinto el jueves 4 de diciembre, según anticiparon fuentes del bloque del Frente para la Victoria.
De esa manera, se completará el trámite que inició el Senado el pasado 19 de noviembre y el proyecto quedará convertido en ley.
En el marco del plenario, Alak consideró «imperioso» sancionar este nuevo Código Procesal Penal porque «si no realizamos este cambio no podemos mejorar la aplicación del derecho y dar una respuesta a la sociedad», y recordó que la mayoría de las provincias y de los países de la región tienen un «sistema acusatorio».
Al hablar ante los diputados, el ministro aseguró que el objetivo del nuevo Código Procesal Penal «es hacer más eficiente la lucha contra el delito, en especial el crimen organizado» y consideró que es «imperioso salir del sistema inquisitivo para pasar al acusatorio», en el que la investigación preparatoria estará a cargo de los fiscales.
Tras afirmar que se trata de una modificación profunda, Alak consideró que «no es una deuda de la democracia sino de la República», al recordar que «si hay una institución, una norma, un código que viene siendo denunciado como ineficaz es el de procedimiento penal».
Por su parte, el subsecretario de Política Criminal destacó que con la iniciativa «se intenta un proceso penal oportuno, que atienda la demanda ciudadana a tiempo» y precisó que el nuevo Código está atravesado por la «oralidad, publicidad y transparencia» en el proceso penal.
Antes de la exposición de los funcionarios, la diputada del Pro, Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Legislación Penal, reiteró su planteo para que sea su comisión la cabecera del debate, aunque el oficialismo rechazó esa posibilidad y defendió que ese trámite recayera en la de Justicia, encabezada por Graciela Giannettassio (Frente para la Victoria).
Si bien la necesidad de modificar el actual sistema fue defendido por la mayoría de los bloques aunque manifestaron críticas a los alcances de la iniciativa, fue significativa la ausencia del diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que el martes presentó en el teatro Astral un proyecto de ley para reformar el Código Procesal Penal.
A lo largo de sus exposiciones los diputados del macrismo, del radicalismo, del FAP, del massismo, cuestionaron el trámite legislativo y se quejaron que no se pueda incluir modificaciones al texto votado por el Senado, aunque todos sostienen que debe implementarse un sistema acusatorio.
Bullrich anticipó que presentó «50 modificaciones al Código Procesal Penal votado por el Congreso» y pidió introducir cuando se trate en particular la figura «juicio en ausencia», que es una iniciativa promovida por la porteña Laura Alonso.
Por su parte, el ex fiscal y diputado Manuel Garrido dijo que este proyecto «es un refrito de otras iniciativas sancionadas en otros países» y se quejó de que «no avance en conjunto con los otros proyectos» para aplicar el nuevo sistema acusatorio y que «no acepten ninguna reforma» al texto votado por el Senado.
En tanto, el massista Oscar «Cachi» Martínez se quejó «de la velocidad en emitir dictamen» y se preguntó si «esta rapidez no es para evitar que se trate el proyecto presentado por el Frente Renovador».
También cuestionó la iniciativa el diputado del Partido Obrero y miembro del FIT Néstor Pitrola, quien cuestionó el capítulo referido a los extranjeros.
Esas críticas fueron rechazadas por el vicepresidente de la bancada oficialista, Pablo Kosiner, quien afirmó que el dictamen aprobado en la cámara alta «fue un trabajo integral del gobierno, los diputados y senadores porque somos todos parte del mismo proyecto político, con lo cual no tenemos ningún problema en votar el texto como lo sancionó el Senado».
La iniciativa del oficialismo incluye profundas modificaciones respecto del Código que se utiliza actualmente, entre las que se destacan la suspensión del proceso a prueba y la posible expulsión del país a los extranjeros que hayan sido encontrados cometiendo un delito en flagrancia.
También contempla, tal como lo establece una ley aprobada hace pocos meses por el Senado, el decomiso a favor del Estado Nacional de objetos o ganancias que son fruto o provienen del narcotráfico.
Entre otras cuestiones, la iniciativa establece que la investigación preparatoria del fiscal puede tardar hasta un año y concluye con la acusación del imputado, mientras que todo el proceso, incluido el juicio, no puede durar más de tres años.
Además, a partir de esta reforma, se crean 17 nuevas fiscalías y 1.713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías de todo el país.
