Los pedidos apuntan a conocer detalles sobre el incendio, del cual una pericia de Policía Federal demostró que fue intencional, las actividades que se desarrollaban en el lugar y el cumplimiento de la fiscalización y control de las actividades de la empresa.
La Legislatura porteña aprobó seis pedidos de informes a la gestión de Mauricio Macri sobre Iron Mountain, cuyo depósito de Barracas se incendió -de forma intencional, según la pericia policial- en febrero del 2014 y causó la muerte de diez personas, que apuntan a conocer las actividades que se desarrollaban allí y los controles efectuados antes del siniestro.
También quedó sancionada una solicitud de información sobre las exenciones impositivas que tenía la firma en base a un régimen de beneficios establecidos por el Ejecutivo a emprendimientos situados en el denominado “Distrito Tecnológico”.
Esta zona franca de impuestos y gravámenes en los barrios de Barracas y Parque Patricios, para empresas del sector tecnológico, fue impulsada por el subsecretario de Inversiones porteño, Carlos Pirovano, desde que en 2007 ingresó a la gestión macrista.
Sin embargo, uno de los primeros beneficiados fue Iron Mountain, empresa a la que no le correspondía, dado que no se dedicaba a ningún desarrollo tecnológico, sino al almacenamiento de documentos.
La serie de expedientes aprobados en la sesión de hoy fueron presentados, en su mayoría, por el diputado del Frente para la Victoria Gabriel Fuks y por los legisladores Paula Oliveto Lago y Hernán Rossi, ambos de ECO, y fijan 30 días para que el Ejecutivo responda la información requerida en torno al incendio del depósito de Azara 1245.
Los pedidos apuntan a conocer detalles sobre el incendio, del cual una pericia de Policía Federal demostró que fue intencional, las actividades que se desarrollaban en el lugar y el cumplimiento de la fiscalización y control de las actividades de la empresa.
“Es correcto que ahora el Gobierno de la Ciudad está obligado a responder sobre los pedido de informes, pero también estamos pidiendo la presencia en la Legislatura de funcionarios porteños para que expliquen lo que tienen que explicar y digan si es que fallaron”, manifestó Fuks.
Por otra parte, el diputado criticó la postura adoptada por las autoridades parlamentarias al negarle la posibilidad de manifestarse al momento del tratamiento de los expedientes en el recinto ya que los proyectos figuraban dentro del orden del día de temas “sin discusión ni debate”.
“Evidentemente el tema para el Gobierno de la Ciudad es controversial y tienen temor a dar un debate que ponga en evidencias las falencias“, resaltó.
El diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Marcelo Ramal, sostuvo que “es evidente que el PRO no quiere debatir la cuestión Iron Mountain, una firma que recibió generosos beneficios impositivos del gobierno de Macri”.
“Las irregularidades de habilitación fueron denunciadas por los propios inspectores porteños, sin que ello hubiera conducido a una clausura”, dijo, y agregó que “hemos pedido la interpelación del ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, y del titular de la Agencia de Control, Juan José Gómez Centurión”.
En este sentido, el inspector del Gobierno de la Ciudad que pidió la clausura del depósito en 2008, Edgardo Castro, denunció en diálogo con la agencia Télam que el“modus operandi” del gobierno porteño para proteger el depósito de Iron Mountain implicaba pedidos de clausura cajoneados, expedientes “perdidos”, actas duplicadas o sin numeración de imprenta e inspecciones realizadas por personal no capacitado.
El ministro Cabrera, jefe de los inspectores que fiscalizaron el galpón incendiado, fue junto con Pirovano ejecutivo de Máxima AFJP, la administradora de fondos de jubilación y pensiones del HSBC, banco con miles de archivos que se quemaron, muchos en cajas que llevaban denominaciones como “lavado de dinero”.
Según la pericia de la Policía Federal presentada a fines de febrero, el incendio en Iron Mountain fue intencional ya que entre otras cosas se encontraron rastros de “sustancias combustibles”.
