La institución anunció que llevará la discusión a la Justicia.
El conflicto universitario suma un nuevo capítulo. El Rectorado de la Universidad de Buenos Aires anunció que iniciará acciones legales para defender su autonomía frente a las auditorías que propone el Gobierno de Javier Milei, a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La UBA sostuvo en un documento que es «una intervención inconstitucional e ilegal».
«Que las decisiones expresadas por el Síndico General de la SIGEN, organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, en torno a disponer unilateralmente actividades dentro del ámbito de la Universidad, conllevaría una intervención inconstitucional e ilegal», remarcó el comunicado.
La UBA explicó que «la SIGEN no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales» y que la Constitución «sólo le otorga funciones de control interno del Poder Ejecutivo». «Las Universidades son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, la SIGEN no tiene competencias para controlarlas, como no tiene tampoco competencias para controlar al Poder Legislativo o al Ministerio Público. Esta no es una opinión de la Universidad: es la letra de la ley», expresó.
«La UBA es auditada y quiere seguir siéndolo, por eso solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025», insistió la institución.
En ese marco, la Universidad manifestó que avanzaron en «una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad, a fin de seguir brindando información indudable a la ciudadanía».
«La UBA rinde cuentas de todos sus fondos y es uno de los entes más controlados y auditados del sector público», aclaró la entidad.
Además, aseguró que «la SIGEN no aporta transparencia a las Universidades». «La SIGEN no publica ninguno de sus informes ni brinda ninguna información a la ciudadanía. La SIGEN no publica ningún tipo de información sobre las actividades de control que tiene que realizar sobre el Poder Ejecutivo, los Ministerios y las Secretarías de la Presidencia. En suma, su actividad no agrega nada a la transparencia pública del Estado ni a la información con que cuentan los ciudadanos», aseveró.
La institución señaló que detrás de las acusaciones de falta de transparencia, hay un «ataque ideológico a la idea misma de la universidad libre, gratuita, y masiva» y manifestó que el Poder Ejecutivo quiere controlar la libertad académica. «La UBA le envía, todos los meses, toda la información disponible. Lo que el Ejecutivo quiere controlar es qué se enseña en la universidad, cómo se enseña y a quién se enseña», subrayó.
Para finalizar, la UBA remarcó que «sin autonomía no hay educación libre, y solo se enseña lo que el gobierno de turno quiere, cuándo el gobierno quiere, dónde el gobierno quiere, y a quiénes el gobierno quiere». «Para terminar de despejar cualquier tipo de sospecha respecto a la voluntad de la UBA de someterse a todos los controles legales existentes, además de solicitar una auditoría externa independiente, la Universidad ha decidido llevar la controversia respecto a quién debe ejercer el control interno sobre las casas de altos estudios ante el Poder Judicial», concluyó.
