“Reclamamos que se garantice a todos los usuarios domiciliarios un mínimo de consumo indispensable para la vida digna, para que la gente pueda vivir sin la angustia del corte total, sobre todo para las familias con niños, adultos mayores, enfermos, con personas con discapacidad o para los que menos tienen. Las deudas de los servicios públicos se acumulan y la gente no puede pagarlas», sostuvo el titular del organismo, Guido Lorenzino.
El ex diputado bonaerense advirtió sobre el impacto del tarifazo y del recorte en el beneficio de la tarifa social. En ese marco, la Defensoría indicó que en el primer trimestre de 2018 los reclamos por los aumentos de los servicios públicos crecieron un 82 por ciento respecto al mismo período de 2016, mientras que los vinculados a la tarifa social subieron más de 92 por ciento en los últimos dos años.
“Planteamos un piso de derechos igualitario, mínimo, que garantice la dignidad humana, para que la gente que no pueda pagar por estrictas razones económicas pueda mantener la provisión de este servicio elemental, tal como está garantizado constitucionalmente”, puntualizó Lorenzino.
