El ajuste del Gobierno nacional impacta directo en los hogares. Los administradores de consorcios advierten que la morosidad está en niveles históricos y asfixia las finanzas de los edificios.
El programa económico de la gestión nacional sigue descargando su costo sobre las espaldas de la clase media y los sectores populares. Ya no se trata solo de la drástica caída en el consumo de alimentos básicos o de la pérdida sistemática del poder adquisitivo: la crisis habitacional en la Argentina profunda sumó un capítulo alarmante. Durante el transcurso de 2026, casi el 20% de los habitantes de edificios en propiedad horizontal no logró pagar las expensas en término.
Los alarmantes datos surgen de un relevamiento privado realizado por la plataforma de gestión de consorcios Octavo Piso, que analizó la situación de más de 200.000 unidades funcionales en todo el país. Las advertencias de las cámaras sectoriales y los administradores son unánimes: a pesar de oscilaciones mensuales menores, el nivel de atraso estructural rompe con cualquier registro histórico previsible y pone en jaque el mantenimiento básico, la seguridad y los servicios de los inmuebles a lo largo y ancho del mapa nacional.
Ajuste y desregulación: la tormenta perfecta
La altísima morosidad en los gastos comunes no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de una receta económica que combina la desregulación total de las tarifas de servicios públicos con la licuación de los ingresos. Con salarios y jubilaciones que corren muy por detrás de los costos fijos, el pago de las expensas pasó de ser una obligación corriente a un lujo que un quinto de la población bajo este régimen habitacional ya no puede afrontar de manera regular.
Desde el sector señalan que las expensas sufrieron incrementos asfixiantes en los últimos meses, empujadas principalmente por:
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Los brutales aumentos en las boletas de luz, gas y agua en las áreas comunes.
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El encarecimiento de los abonos de mantenimiento técnico (ascensores, bombas de agua y sistemas de seguridad).
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El incremento en el costo de los materiales para reparaciones de urgencia.
Edificios en emergencia económica
El desfinanciamiento crónico de los consorcios está generando un peligroso efecto dominó. Al no contar con los fondos de recaudación habituales, la cadena de pagos interna empieza a romperse. Muchos edificios se ven obligados a postergar obras de infraestructura urgentes, refinanciar deudas con proveedores de servicios o, en los casos más graves, reducir las horas de personal de limpieza y seguridad, lo que termina precarizando la calidad de vida y las fuentes laborales.
Mientras el Gobierno insiste en exhibir planillas con supuestos logros macroeconómicos, la microeconomía de los hogares muestra una realidad completamente fracturada. Como bien advierten los analistas del sector, los consorcios están operando en la práctica como un «banco involuntario» donde los vecinos que pagan sostienen a duras penas el funcionamiento edilicio. Es el síntoma de una clase media empujada al límite, víctima de un modelo que abandona la contención social y delega el bienestar común a la fría e implacable lógica del mercado.
