La Comisión Provincial por la Memoria manifestó su «preocupación» ante la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de seguridad interior, como pidió días atrás el presidente Mauricio Macri.
El organismo de derechos humanos advirtió que la propuesta del mandatario «viola las leyes de defensa nacional y seguridad interior». «Las declaraciones de Macri son simplificadoras y sin sustento empírico alguno desconocen los marcos institucionales que regulan la intervención de las FF.AA. y que constituyen una conquista de la democracia argentina», remarcó.
El Jefe de Estado dijo esta semana en el acto por el Día del Ejército en la localidad de El Palomar que las FF.AA. deben «brindar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos frente a las amenazas actuales», en referencia al narcotráfico y la inseguridad.
Asimismo, la entidad consideró que la participación de las FF.AA. en la seguridad interior «significaría una reforma regresiva en materia de seguridad y derechos humanos» y subrayó que «en la memoria del pueblo argentino» esa intervención «está profundamente asociada a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar».
La CPM señaló además que «la gravedad de esta situación se inscribe a su vez en un marco de fortalecimiento de las políticas punitivistas que, bajo el paradigma de las ‘nuevas amenazas’, profundizó la militarización del espacio público y fue permitiendo mayores márgenes de arbitrariedad e ilegalidad en el accionar de las fuerzas de seguridad».
«En este contexto regresivo, la reforma de las leyes nacionales para permitir la intervención definitiva de las FF.AA. en cuestiones de seguridad interior sólo generará más violencia y violaciones a los derechos humanos. No existen experiencias exitosas en el involucramiento de las FF.AA. en la seguridad interior, sino todo lo contrario. Los países que adoptaron este camino solo generaron más violencia, degradación y corrupción estatal agravando los problemas que se querían evitar«, alertó el organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel.
En ese sentido, reclamó «que se respeten los marcos institucionales y se discutan políticas públicas que garanticen más derechos: como ya ha sido probado, la militarización del espacio público no ha solucionado los problemas de seguridad, sólo reproduce la violencia, producen graves violaciones de derechos humanos y debilitan la democracia».
«La seguridad del pueblo no son las FF.AA.; la seguridad debe ser social: salud, educación, vivienda y trabajo. Todos estos derechos de las personas y los pueblos que hoy son vulnerados en nuestro país por las políticas represivas del gobierno», finalizó la CPM.
