La Corte Suprema suspendió provisoriamente el artículo del DNU 70/2023 que derogaba la Ley de Tierras Rurales. La decisión restablece las restricciones a la compra de campos por extranjeros, tras el fallo que había dejado sin efecto esos límites a fines de septiembre.
El máximo tribunal del país suspendió los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, firmado por Javier Milei, que había derogado la Ley de Tierras Rurales. La resolución vuelve a poner en vigencia las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, incluido el límite general del 15% de la superficie rural del país en manos extranjeras.
La medida fue firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
El máximo tribunal justificó la decisión en la necesidad de proteger el ambiente y evitar daños irreparables mientras la Justicia analiza la legitimación de quienes impulsaron el reclamo y el pedido de una medida cautelar. En ese marco, dispuso la suspensión provisoria hasta que intervenga el juez competente.
De la derogación a la restitución de los límites
La resolución representa un nuevo cambio en una controversia judicial que se aceleró en las últimas semanas. El 29 de septiembre, la Corte había revocado una sentencia que declaraba inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. En aquella oportunidad, rechazó la demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata por considerar que no tenía legitimación para promoverla, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto.
Ese fallo había dejado en los hechos sin efecto las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros. La nueva resolución, en cambio, suspende provisoriamente el artículo cuestionado en el marco de otra causa, impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades mapuches y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales y creó el Registro Nacional de Tierras Rurales. Su derogación por decreto fue una de las medidas más cuestionadas del paquete de reformas impulsado por Milei al comienzo de su mandato.
Una reforma todavía en disputa
El alcance de la decisión judicial es acotado: la Corte no declaró inconstitucional el DNU ni resolvió definitivamente si el Poder Ejecutivo podía derogar la ley por decreto. La suspensión se mantendrá hasta que la Justicia de primera instancia examine la legitimación de los demandantes y el pedido cautelar.
El conflicto también tiene una dimensión legislativa. En agosto, el Gobierno había intentado avanzar con cambios vinculados a la propiedad privada mediante un proyecto de ley, pero retiró la iniciativa para evitar una derrota en el Congreso, según consignó Nueva BA.
Por ahora, las restricciones a la extranjerización de tierras vuelven a estar vigentes. El futuro del régimen dependerá de los próximos pasos judiciales y de la posibilidad de que el Congreso intervenga en una discusión que combina el alcance de las facultades presidenciales, la propiedad rural y la protección de los recursos territoriales.



