Las denuncias contra Cambiemos por fraguar la identidad de sus aportantes para las campañas electorales de 2015 y 2017 despertaron un escándalo que debería llevar a modificar los aportes de campañas y a varios de los que trucharon identidades a la cárcel pero nada será así.
Ahora el camarista federal de la Sala II Martín Irurzun apartó al juez Sebastián Casanello de la causa por considerar que es competencia de la justicia electoral tal como pedía el Gobierno de Mauricio Macri y la principal responsable; la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
Antes el juez Adolfo Ziulu de La Plata, con competencia electoral, había pedido que se declaren incompetentes y le remitan el expediente a su juzgado. Casanello se desprendió de algunos elementos de la investigación, se declaró competente para instruir un tramo y rechazó enviar parte de la causa la causa a la justicia electoral.
En el medio ordenó medidas de prueba y prosiguió con la instrucción del tramo vinculado a las empresas que aportaron de manera clandestina y del uso de la identidad de empleados estatales para simular esos aportes. Por otro lado, el fiscal Carlos Stornelli había firmado un dictamen donde se declinaba la competencia y se solicitaba a Casanello que se apartara de la causa.
La mayor preocupación de la Casa Rosada es que Casanello en realidad investigaba casos en los que se utilizó la identidad de empleados para encubrir el aporte de empresas privadas, prohibido por la ley, y que además eran contrastistas del Estado de la Ciudad de Buenos Aires.
