Así lo afirmó la presidenta del bloque del FpV en la Legislatura porteña, Gabriela Alegre. «Fue totalmente irregular y no hay nada que justifique que los gastos hayan sido pagados con dinero de los porteños», aseguró.
La presidenta del bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura porteña, Gabriela Alegre, dijo que solicitarán un pedido de informes sobre la participación de la Policía Metropolitana y el pago del traslado del personal de esa fuerza a Río Gallegos en el marco de la disposición del juez Claudio Bonadio para investigar la firma Hotesur, porque «fue totalmente irregular y no hay nada que justifique que los gastos hayan sido pagados con dinero de los porteños».
«Si había alguna duda de que esto se trató de una operación política entre (el precandidato presidencial del PRO Mauricio) Macri y Bonadio, era esto que se descubrió ayer de que el operativo fue pagado por el jefe de Gobierno», manifestó la legisladora a radio Splendid.
La jefa del bloque kirchnerista en la Legislatura añadió: «Ya nos extrañaba ese traslado cuando podían actuar otras fuerzas federales, y no solo eso, sino que el gobierno de la Ciudad prueba ahora que se pagó el traslado de no menos de 40 oficiales y eso está totalmente injustificado».
En el mismo sentido, recordó que «los fondos deberían haber provenido de la Corte Suprema de Justicia, como se hace en estos casos».
Alegre también analizó que el gobierno porteño «se queja de que no le prestan la colaboración -desde el gobierno nacional en temas de seguridad- pero parece que aparentemente podían hacerse cargo de un operativo en esa provincia», en alusión a Santa Cruz.
«Todo es muy irregular y no hay nada que lo justifique», dijo la legisladora, quien manifestó que el pedido de informes que ya se venía elaborando desde antes de ayer, ahora «se hace imperioso».
«Que usen los fondos de la Ciudad para su publicidad de campaña ya lo sabíamos, pero ahora, que lo hagan para montar operativos judiciales, nos parece demasiado«, puntualizó.
Asimismo, Alegre recordó que esa misma fuerza de seguridad que se trasladó a Río Gallegos es la misma que, «por ejemplo, se ha negado a custodiar a una mujer que ha recibido amenazas porque dice que son las fuerzas federales las que cumplen estas funciones».
