Ex combatientes de Malvinas se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por «negación de justicia» luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara ayer el fallo que declaró prescripta la causa por las torturas, vejámenes y abusos sufridos por los soldados durante la guerra de 1982.
La presentación fue realizada en las últimas horas por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que impulsó la investigación, ante la entidad dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que vela por la protección de los derechos humanos en el continente.
«El caso ya fue enviado a la CIDH. La Corte Suprema está dejando al Estado nacional en situación de incumplimiento de los acuerdos firmados por nuestro país en lo relacionado a tratados internacionales de protección de los derechos humanos», explicó a Télam Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del CECIM y titular de la Comisión Nacional de Ex Combatientes.
Ayer, la Corte Suprema desestimó un recurso de revocatoria en la causa que impulsaba el CECIM para que los abusos que sufrieron los soldados por parte de sus superiores durante la Guerra de Malvinas sean considerados delitos de lesa humanidad.
En un escrito de tres carillas -firmado por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco– la Corte advirtió que «se ve impedida de pronunciarse sobre la cuestión de fondo», y ratificó una sentencia del pasado mes de febrero, en la cual confirmaba una decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que dictó la prescripción de la acción penal.
«La Corte Suprema reivindica la doctrina del punto final, no tratando la cuestión de fondo, y sosteniendo 33 años de impunidad que existen sobre estas cuestiones tan sentidas que tienen que ver con las torturas de los soldados en Malvinas», manifestó Alonso.
Y agregó: «La Corte está muy alejada de los intereses y los deseos de nuestra sociedad que tienen la necesidad de avanzar en este reclamo que los ex combatientes mantienen con la justicia argentina».
En cuanto a la presentación ante la CIDH -sobre la cual el CECIM dará más detalles en una rueda de prensa la próxima semana en el Museo Malvinas que funciona en la ex Esma- Alonso precisó que «va en el sentido de negación de justicia que se está dando en este proceso judicial que lleva tanto años».
La causa judicial se inició en 2007 con las primeras denuncias presentadas ante el juzgado federal de Río Grande en Tierra del Fuego, y dos años más tarde la jueza federal Lilian Herráez consideró como delitos de lesa humanidad las vejaciones sufridas por los soldados de parte de sus superiores.
En la presentación ante la Comisión Interamericana, los ex combatientes advirtieron que «si no se revierte esta situación llegarán sistemáticamente al organismo una infinidad de casos ya presentados ante la justicia argentina y otros que están empezando a aparecer» a partir de la desclasificación de archivos secretos.
Como contraparte del accionar del Estado, los ex combatientes reconocen el avance que significó la decisión del gobierno nacional de desclasificar los archivos así como la creación del Archivo Oral de las Memorias de Malvinas, en el que los veteranos podrán dejar grabado su testimonio para las futuras generaciones, dos medidas anunciadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 2 de abril.
La apertura de los archivos secretos hasta ahora -que el ministerio de Defensa dará a conocer a partir de la próxima semana- ya dejó a la luz nuevos casos de abusos de soldados, según el relevamiento que viene realizando el CECIM de La Plata.
Desde la dirección de Derechos Humanos de la cartera que conduce Agustín Rossi informaron a Télam que se está definiendo la modalidad de consulta de los archivos, que será a través de la web www.archivosabiertos.com, donde el ministerio ya viene publicando las actas secretas de la dictadura militar.
La nueva documentación -que será pública a partir del lunes 18- contiene archivos históricos de las tres fuerzas armadas, entre los que se encuentran las denominadas «actas de recepción» que debían completar los soldados cuando regresaron al continente, en las que reflejaron los maltratos recibidos durante el conflicto y que los militares les exigieron mantener en reserva.
«Hay infinidad de casos que van a ser demostrados porque aparecen nuevos testimonios totalmente comprobados», dijeron a Télam desde el centro de ex combatientes que presentó la denuncia ante la CIDH.
