El texto de la norma considera al medicamento como «un bien social» y señala que «es atribución de los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires limitar la autorización a instalar farmacias según los propietarios sean sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada o sociedades colectivas cuando no estén integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la farmacia”.
La iniciativa busca modificar el artículo 3 de la ley 17.565 que regula la actividad farmacéutica. El objetivo es reinstalar “la doctrina tradicional vigente entre 1905 y 1991 cuando fue derogada por un decreto del ex presidente Carlos Menem”.
Además, propone derogar el artículo 13 del decreto 2284/91 o de desregulación económica, que establece que “cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza podrá ser propietaria de farmacias, sin ningún tipo de restricción de localización”.
«El medicamente es un bien social que integra el derecho a la salud (como prescribe el artículo 36 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires) y por lo tanto su comercialización debe ser regulada”, informaron desde el bloque en un comunicado.
El proyecto de Espinoza se produce en el marco del fuerte rechazo de los farmacéuticos bonaerenses al desembarco de Farmacity en el territorio provincial.
Cambiemos está implicado en la disputa judicial: uno de los principales accionistas de la empresa es el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Los farmacéuticos y los legisladores de la oposición denuncian que el funcionario de Mauricio Macri presiona a la Justicia para allanarle el camino a la empresa.
En la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto que declara «taxativo» el artículo de la ley 10.606 que establece que las farmacias que operen bajo la figura de sociedades anónimas no podrán funcionar en el territorio bonaerense.
