El fiscal federal Fernando Domínguez pidió que el exdiputado de La Libertad Avanza sea indagado por una transferencia del empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos. La acusación también alcanza a su contador y a la sociedad Varianza SA, señalada por presentar informes contables falsos para justificar el origen del dinero. Espert tiene sus bienes congelados.
El escándalo que rodea a José Luis Espert desde hace meses sumó este miércoles un paso judicial de peso. El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó que el exdiputado de La Libertad Avanza sea indagado por lavado de dinero por sus vínculos con el empresario Fred Machado.
La sospecha tiene su origen en que Espert recibió una transferencia de 200.000 dólares de Machado y realizó operaciones de compra de autos de alta gama. El pedido no se limita a la figura del exdiputado: el fiscal también incluyó en la indagatoria a la sociedad comercial del exlegislador, Varianza SA, por informes contables falsos para justificar el origen del dinero, y presentó un pedido de indagatoria para Mariano Cosentino, el contador de Espert. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, deberá resolver los pedidos.
El origen de la causa: la relación con Fred Machado
El expediente que compromete a Espert gira en torno a un vínculo que se remonta a varios años atrás. La causa tiene como protagonista la relación de Espert con Machado, el empresario que financió y brindó apoyo al exdiputado en su primera candidatura presidencial en 2019, y que era investigado por maniobras ligadas al narcotráfico. En mayo, Machado admitió ante la Justicia norteamericana haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero.
El dato que sostiene la sospecha del fiscal es concreto y verificable. De acuerdo al expediente, uno de los principales argumentos para investigar a Espert es una transferencia de 200.000 dólares que Machado le envió en 2020. Según un contrato firmado entre ambos, la cifra total ascendía a un millón de dólares.
La explicación de Espert y por qué no convenció a la fiscalía
Espert ya había intentado dar una explicación pública cuando el escándalo estalló. Según explicó públicamente, el dinero correspondía a un contrato de consultoría con Machado para asistirlo en una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa versión debido a que el exfuncionario jamás viajó a dicho país y no existen evidencias concretas de sus operaciones.
La distancia entre el relato del exdiputado y lo que pudo verificar la investigación judicial es, precisamente, el núcleo de la sospecha de lavado: un contrato de consultoría sin viajes, sin operaciones documentadas y sin rastro de la actividad que supuestamente lo justificaba.
Los bienes de Espert, congelados
Mientras se resuelve el pedido de indagatoria, el exdiputado ya enfrenta restricciones patrimoniales concretas. A la espera de la indagatoria, el dirigente liberal tiene congelados todos sus bienes: está impedido de vender propiedades y no puede disponer del dinero en sus cuentas, salvo fondos autorizados por la Justicia para afrontar gastos corrientes.
Un gobierno con dos frentes judiciales abiertos en simultáneo
El avance de la causa Espert no ocurre en el vacío. El mismo día en que se conoció el pedido de indagatoria, la agenda judicial vinculada al oficialismo sumó otro capítulo: el fiscal que investiga a Manuel Adorni pidió una batería de nuevas medidas, entre ellas indagar en el patrimonio de su hermano y los movimientos vinculados a las obras en el country Indio Cuá. En el plano parlamentario, la oposición y los propios aliados del Gobierno le dieron un ultimátum a Adorni en el Senado, con la amenaza de avanzar hacia su remoción.
El cuadro que enfrenta el espacio libertario es elocuente: un exdiputado fundador del armado de Milei investigado por lavado de dinero con un empresario que confesó esos mismos delitos ante la Justicia de Estados Unidos, y el jefe de Gabinete con una causa por enriquecimiento ilícito que no logra desactivar pese a los meses transcurridos. Dos de las figuras que el oficialismo eligió para representar su discurso contra la «casta» enfrentan hoy procesos que ponen en cuestión exactamente lo que ese discurso pretendía combatir.



