Esta nueva normativa debería promover el testeo universal, mejorar el acceso al tratamiento y su continuidad, como, también, dejar atrás viejos términos como «portadores» para reemplazarlos por «personas que viven con VIH o seropositivas», según propusieron hoy los especialistas en un encuentro promovido por la Sociedad Argentina Interdisciplinaria de SIDA (SAISIDA).
Se dio en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Sida que se conmemora el 1° de diciembre. «La ley 23.798 que hoy tenemos vigente es de 1990, fue en su momento una ley muy avanzada que apuntaba a resguardar los derechos del paciente, pero 23 años después necesitamos aggiornarla», indicó a Télam el médico Miguel Pedrola, coordinador en Argentina y Brasil de AIDS Healthcare Foundation.
Entre lo mucho que ha sucedido en la materia durante estas dos décadas, existe un hecho que es sustancial: la aparición de los tratamientos antirretrovirales, que hicieron que el VIH/Sida pasara de ser una enfermedad mortal a una crónica.
Entre los primeros cambios que los especialistas consideran necesarios, pero no por ello en orden de importancia, se encuentra el tema del lenguaje.
«Hoy utilizamos otra terminología, por ejemplo, no se utiliza la palabra ‘contagio’, sino que se habla de ‘transmisión’, así como no decimos más ‘portadores’ sino que nos referimos a las personas viviendo con VIH o seropositivas», explicó por su parte el doctor Juan Carlos Cisneros, presidente de SAISIDA.
En este sentido el abogado Fabio Núñez, de la Dirección Nacional de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), añadió que «también habría que modificar conceptos como ‘grupo de riesgo’ o el testeo obligatorio a los inmigrantes, que en la ley no especificaba además con qué objetivos se realizaba».
Por su parte, la abogada María Cristina Cortesi, directora del Instituto de Derecho Sanitario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal recordó que «quienes nos dedicamo
«Cuando surge la enfermedad, desde el derecho había que garantizar a las personas viviendo con VIH/Sida el acceso a los tratamientos que había entonces, a los protocolos de investigación bajo las normas éticas y legales nacionales e internacionales, pero además, se debía garantizar que no se les restringieran derechos consagrados por la Constitución Nacional, como ser los derechos a trabajar, a estudiar, etc.», sostuvo la letrada.
Además, explicó que «no se trataba de una patología más, sino que además de ser muy grave en los primeros tiempos, venía acompañada de la discriminación y de una fuerte estigmatización, como hasta entonces no habíamos conocido».
El debate sobre una nueva ley para Argentina se da en el contexto de las nuevas metas fijadas por la ONU en referencia al VIH, conocidas como 90/90/90.
«Esto implica que debemos apuntar a que el 90 por ciento de la población con VIH conozca su estado, el 90 por ciento de éstos comience el tratamiento y el 90 por ciento de quienes están en tratamiento tengan su carga viral indetectable, lo que ya sabemos que disminuye casi a cero la transmisión del virus», explicó Cisneros.
Para cumplir con estos objetivos, añadió, «habrá que desarrollar políticas más agresivas y esto debe estar respaldado en una ley».
Pedrola destacó que en el país existe la universalización del tratamiento, «y esto tenemos que aprovecharlo. Entonces, habría que incorporar por ley el testeo rápido que permita la posibilidad de hacer que el test llegue a más personas».
Para ello «hay que repensar lo de las consejerías, tienen que estar, pero tienen que ser acordes a la necesidades de cada paciente, no puede ser que una persona que se hace un test cada año porque su pareja en seropositiva tenga que recibir una charla de 40 minutos cada vez», consideró.
Para el especialista de la Dirección Nacional de SIDA y ETS, «es necesario integrar temas tales como la prevención, tratamiento, asistencia e investigación de las Hepatitis Virales, y también pensar las cuestiones sociales y su asistencia como parte del acceso a la salud de las personas con VIH».
«Son temas que necesitamos incorporar para tener una herramienta legal que nos permita reforzar la tarea del Estado frente a la epidemia, profundizando esta tarea desde el Enfoque de Derechos Humanos en Salud», continuó Núñez.
Por su parte, Cortesi agregó que «también sería importante que el virus del VIH no se considere una preexistencia que dé lugar a que las empresas de medicina prepaga cobren a los que quieran afiliarse, una cuota diferencial».
