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El Parlamento de Cataluña rechazó la investidura nacionalista de Artur Mas

Por segunda vez el parlamento catalán rechazó hoy la investidura de Artur Mas como presidente del gobierno regional. con lo que se mantiene el período interino en el ejecutivo de Cataluña en pleno debate sobre el desafío independentista de esta comunidad autonoma.

Mas, candidato de Junts pel Sí (Juntos por el sí) obtuvo los 62 votos de su formación, frente a 73 en contra, ya que nuevamente no consiguió el apoyo de los radicales de izquierda de la CUP (Candidaturas de Unidad Popular).

Los dos agrupamientos políticos, el último lunes, se habían unido en la Cámara para aprobar una resolución dirigida a iniciar el proceso independentista de esta región del nordeste español, la más industrializada del país.

Esta segunda votación en el Parlamento catalán se produjo un día después de que el Tribunal Constitucional español suspendiera con carácter provisional e inmediato la resolución independentista aprobada el lunes pasado por el cuerpo, por considerar que su contenido carece de validez legal e institucional.

Además, el alto tribunal advirtió a 21 cargos ejecutivos catalanes, entre ellos a Mas, a la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, así como a los miembros de Mesa de la Cámara y a los del Gobierno, de que incurrirán en responsabilidades penales si no acatan su decisión.

Con este segundo rechazo, se abre un plazo de dos meses para celebrar más debates de investidura con otros posibles candidatos y si no se consigue la elección de un presidente antes del 10 de enero, se tendrían que convocar de nuevo elecciones regionales. Mas, que es jefe del Ejecutivo regional en funciones, gobierna desde 2010 y era el candidato a la presidencia de la coalición que ganó los comicios el pasado 27 de septiembre.

Previo a las votaciones, el líder nacionalista le había ofrecido a los anticapitalistas de la CUP que, a cambio del apoyo a su investidura, estaría dispuesto a someterse en diez meses a una cuestión de confianza ante el Parlamento, en la que los 135 diputados podrían acabar obligando a investir a otro presidente.

Además, les propuso un gobierno presidido por él pero con tres grandes áreas compartidas -economía y empleo; asuntos exteriores, institucionales y de la transparencia; y estado del bienestar- con otros miembros del Ejecutivo. Sin embargo, la CUP volvió a votar en contra, aunque valoró el último “movimiento” de Mas y aseguró que ve cerca un acuerdo. Este grupo radical hasta ahora ha insistido en su rechazo a Artur Mas, presidente catalán desde 2010, por su vinculación a casos de corrupción en su partido (Convergencia) y por lo que considera la débil política social que llevó adelante su ejecutivo en una época de crisis económica.

El resto de grupos de la oposición, el partido Socialista, Ciudadanos (liberal centristas), el centroderechista Partido Popular, y Catalunya Sí que es Pot (izquierda) criticaron al presidente su oferta a la CUP y su intención de conservar el gobierno a toda costa. En todo momento las fuerzas políticas opositoras reiteraron sus argumentos de rechazo al plan secesionista de Artur Mas, que consideran ilegal, y censuraron al presidente catalán por diferentes motivos. Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, la primera fuerza opositora, pidió a Mas que retirara su candidatura y lo acusó de “mentir” en reiteradas ocasiones y de haberse convertido en independentista por interés político tras verse acorralado por la Justicia.

“Cuando habla de llamar a la insurrección y a la desobediencia, no cuela señor Mas (..). Cuando habla de defender a todos los catalanes y de que tiene un apoyo mayoritario social, no cuela”, insistió Arrimadas, recordando el pasado conservador del presidente catalán, quien ahora enarbola un discurso social, citó la agencia de noticias EFE. También los socialistas y el PP cuestionaron la credibilidad de Mas. A su vez, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, firmó ayer un decreto con el que acudió al Tribunal Constitucional para “suspender” la declaración independentista y “todos sus efectos”. Para ello contó con el aval del Consejo de Estado y el apoyo político tanto de los socialistas como de Ciudadanos.

Desde el punto de vista político, la situación de Mas se caracteriza por su incomodidad y la presión sobre su figura es mayúscula. Sus socios en el proceso secesionista le viene exigiendo que de un paso al costado, la oposición catalana otro tanto respecto al desafío de ruptura con España, y el Ejecutivo español dejó de lado las amenazas y pasó a la práctica para actuar por la vía penal si se toma cualquier medida que se desprenda de la declaración independentista, ahora vetada por el Tribunal Constitucional. En tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió a la policía catalana y la Guardia Civil que informen de cualquier acto en ese sentido, puesto que podría constituir un delito de sedición, previsto en el Código Penal y castigado con hasta 15 años de prisión, según la prensa española.