Tras conseguir dictamen favorable, el proyecto de un nuevo Código Procesal Penal será debatido en una sesión especial prevista para el jueves 4 de diciembre
El nuevo Código Procesal Penal ya casi es un hecho. El bloque de diputados del Frente para la Victoria consiguió emitir dictamen al proyecto en un plenario de comisiones y buscará convertirlo en ley en una sesión especial a realizarse la semana próxima.
Del plenario participaron el ministro de Justicia, Julio Alak, el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena; el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez y la presidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio.
Según anticiparon fuentes del FpV, la sesión especial sería el próximo jueves 4 de diciembre.De esa manera, se completará el trámite que inició el Senado el pasado 19 de noviembre y el proyecto quedará convertido en ley.
En el marco del plenario, Alak consideró «imperioso» sancionar este nuevo Código Procesal Penal porque «si no realizamos este cambio no podemos mejorar la aplicación del derecho y dar una respuesta a la sociedad», y recordó que la mayoría de las provincias y de los países de la región tienen un «sistema acusatorio».
Al hablar ante los diputados, el ministro aseguró que el objetivo del nuevo Código Procesal Penal «es hacer más eficiente la lucha contra el delito, en especial el crimen organizado» y consideró que es «imperioso salir del sistema inquisitivo para pasar al acusatorio», en el que la investigación preparatoria estará a cargo de los fiscales.
Tras afirmar que se trata de una modificación profunda, Alak consideró que «no es una deuda de la democracia sino de la República», al recordar que «si hay una institución, una norma, un código que viene siendo denunciado como ineficaz es el de procedimiento penal».
Si bien la necesidad de modificar el código presentó críticas por parte de los distintos bloques, fue significativa la ausencia del diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que el martes presentó en el teatro Astral un proyecto de ley para reformar el Código Procesal Penal.
A lo largo de sus exposiciones los diputados del macrismo, del radicalismo, del FAP, del massismo, cuestionaron el trámite legislativo y se quejaron que no se pueda incluir modificaciones al texto votado por el Senado, aunque todos sostienen que debe implementarse un sistema acusatorio.
La iniciativa del oficialismo incluye profundas modificaciones respecto del Código que se utiliza actualmente, entre las que se destacan la suspensión del proceso a prueba y la posible expulsión del país a los extranjeros que hayan sido encontrados cometiendo un delito en flagrancia.
También contempla, tal como lo establece una ley aprobada hace pocos meses por el Senado, el decomiso a favor del Estado Nacional de objetos o ganancias que son fruto o provienen del narcotráfico.
Entre otras cuestiones, la iniciativa establece que la investigación preparatoria del fiscal puede tardar hasta un año y concluye con la acusación del imputado, mientras que todo el proceso, incluido el juicio, no puede durar más de tres años. Además, a partir de esta reforma, se crean 17 nuevas fiscalías y 1.713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías de todo el país.
