A un mes y cuatro días del despido de 257 empleados de Télam y mientras que, como consecuencia, para el portal de la agencia Argentina aún no jugó contra Nigeria por el mundial de Rusia, la justicia le dio muy malas noticias a Hernán Lombardi y el directorio de la empresa: el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi determinó el cierre de la causa que la gestión macrista había impulsado contra los trabajadores por una supuesta “usurpación” de los edificios de la agencia.
El juzgado a cargo ordenó una inspección y recorrida en las instalaciones, ubicadas en Avenida Belgrano y en la calle Bolívar, pero a contramano de las acusaciones del titular del directorio, Rodolfo Pousá, y sus funcionarios, se constató que las puertas no estaban bloqueadas y que el personal entraba y salía «con total normalidad».
El fiscal Eduardo Taiano solicitó la desestimación de la denuncia porque, según entendió, no había delito alguno. “No hubo despojo alguno», sostuvo en el escrito al que adhirió el juez, ni circunstancias que «den cuenta de violencia, amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad por parte de los sujetos activos para privar de manera dolosa el uso y goce de los establecimientos».
El revés para el titular del Sistema Federal de Medios Públicos y los funcionarios de la agencia se inició cuando estos últimos presentaron una denuncia penal en la comisaría 2° de la Ciudad de Buenos Aires por la presunta usurpación de los edificios de la agencia.
Esa iniciativa sostenía que, por los despidos, comenzó una ocupación de las sedes que impedía que Pousá, Ricardo Carpena, Pablo Ciarliero, Carlos Villoldo, Magdalena Cash, y otros funcionarios, puedan acceder a los edificios y desarrollar las tareas habituales. Pero la justicia corroboró que nada impide que vayan a trabajar, cosa que no ocurre desde hace un mes.
En cambio, tanto Taiano como Martínez de Giorgi aseguraron que los hechos tienen que ver con medidas gremiales de protesta “que se encuentran relacionadas con la voluntad de ejercer derechos de libre reunión y expresión que no pueden ser restringidos por el poder punitivo del Estado».
