El Consejo de Planificación y Pensamiento Crítico convocó a una mesa de trabajo para la elaboración del documento que plantea que la venta callejera y otras actividades desarrolladas en el espacio público deben ser preservadas ya que son actividades que permiten al ciudadano satisfacer sus necesidades básicas indispensables regidas por el principio de libertad que estipula la Constitución Nacional en el artículo 19.
Elaborado a partir de una mesa de trabajo convocada por el Consejo de Planificación y Pensamiento Crítico de la institución, el documento plantea que la venta ambulante y otras actividades desarrolladas en el espacio público que permiten al individuo satisfacer sus necesidades básicas indispensables se rigen por el principio de libertad que constitucionalmente alcanza a todos los habitantes (artículo 19 de la Constitución Nacional) de modo que, siendo la libertad el principio rector, las regulaciones estatales en la materia deberían ser las mínimas que permitan la preservación de estos espacios comunes.
En la actualidad los obstáculos a las personas dedicadas al trabajo en los espacios públicos son muchos. El sistema contravencional y penal capta y persigue estas actividades, reforzando la lógica de la exclusión, vulnerando así al comerciante o artesano que pasa a ser considerado por el Estado como infractor a la ley. Es preciso señalar que el trabajo ambulante es producto del contexto de injusticia social y económica y deriva en un tratamiento penal de la pobreza.
Frente a los reiterados hechos de represión policial a los trabajadores del espacio público, es necesario enmarcar la cuestión en lo que compete al Estado de derecho y es por eso que el proyecto de la Defensoría plantea:
