Con el fuerte respaldo de militantes de derechos humanos, sociales y políticos, los dirigentes Diosnel Pérez y Luciano “Tano” Nardulli afrontaron la primera jornada del juicio oral en el que se los acusa de “usurpación” en la causa por la toma en diciembre de 2010.
“Tanto Pérez como Nardulli están acusados de haber organizado la toma del Indoamericano, lo que es completamente falso. Ellos estuvieron presentes en esas jornadas porque son militantes sociales ante la grave crisis que estalló por la falta de viviendas y cuya respuesta por parte del Estado sólo fue la represión”, señaló a Télam Nicolás Tauber, abogado de Liberpueblo, quien asumió la defensa de los procesados.
Y continuó: “Ellos se involucraron justamente para ayudar a encontrar una solución pacífica, debido a que ya había habido dos muertos en la toma, y a partir de esa colaboración es que los imputan”.
Tauber sostuvo que “la causa fue iniciada por la Fiscalía General de la Ciudad a pedido del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, quien pretende demostrar con este caso que su gestión hace algo con las personas que ocupan predios, es decir, el objetivo político es agarrar un chivo expiatorio para tapar los problemas reales que tiene la ciudad como la falta de viviendas y para encubrir la política represiva y, en particular, los asesinatos de esos días”.
El martes pasado la Justicia volvió a tomar contacto con Tauber para ofrecer una “probation” para sus clientes y evitar el juicio oral. “Nosotros nos negamos porque aceptar esto es aceptar algo que no hicimos. No fuimos responsables de la ocupación y lo vamos a demostrar, tenemos muchos testigos, no van a poder hacer nada. Lo único que hicimos fue ser solidarios con los compañeros que tenían la misma necesidad que yo cuando hace 30 años llegué a la villa 20, yo siempre me acuerdo de dónde vengo”, sostuvo por su parte Diosnel Pérez.
Sobre aquellos días de 2010, Pérez recordó que “estaba llegando un canal de televisión para dar una nota y me vinieron a buscar para que participara de una reunión en la que estaba gente de Nación y de Ciudad y referentes sociales y políticos y empezamos a discutir cómo se iba a salir del conflicto y nos convocaron como militantes sociales”.
Y continuó: “En esa reunión nosotros pedimos que mientras durara la toma pusieran baños químicos, que le llevaran comida y agua aunque sea para los chicos, y éstas son las pruebas que ellos presentan, dicen que yo pedí esto porque estaba en la toma, cuando es algo básico que puede pedir cualquier ser humano”.
“Los que tendrían que estar sentados en el banquillo son los que asesinaron a nuestros compañeros. Pero no hay ningún policía preso”, afirmó.
Al hacer referencia al tema de fondo, el dirigente de la Villa 20 aseguró que “ninguna gestión de la Ciudad se ha comprometido con la urbanización de las villas, y yo creo que esto pasa porque quieren usarnos a quienes vivimos allí porque tenemos necesidades, en cambio si urbanizaran, si nosotros estuviéramos mejor, entonces sería más difícil que nos usen”.
Y añadió: “Nosotros tenemos una Ley, que fue la 1770, que decía que había que urbanizar y hacer 1600 viviendas, pero el Gobierno de la Ciudad nunca acató. Entonces, ¿cómo funciona? ¿El estado no acata la Ley pero a nosotros nos persiguen?”.
Por su parte, el “Tano” Nardulli, afirmó que “el único delito que cometimos nosotros es haber sido solidarios con los que menos tienen, y haber salido a denunciar los crímenes que se cometieron el día 7, cuando asesinaron a Chura Puña y a Salgueiro, y a los dos días dejaron la zona liberada para matarlo a Caniviri”.
Y añadió que “el Indoamericano destapó la gran crisis de vivienda que tenemos, hay más de 4 millones de personas sin casa, y Macri, en lugar de combatir la pobreza combate a los pobres, no se olviden que fue él mismo quien creó esa unidad (la UCEP) que dependía de Espacio Público y que lo que hacía era ‘cascar’ a los indigentes que estaban en la calle con patotas para sacarlos de la Ciudad”.
Por su parte, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien acompañó a Pérez y Nardulli antes de que ingresaran a la audiencia, explicó que ella será testigo en el juicio bajo la figura de “testigo de concepto”. “Esto es porque yo, como compañeros de muchas otras organizaciones, estuvimos presentes esos días de terrible represión”, recordó.
“Mi deseo es que haya un plan de viviendas que solucione de una vez la situación de toda esta gente que tiene que recurrir a las tomas porque no tiene otra manera y encima es reprimida, cosa que ya en este país no debería pasar. Lo que sucedió en el Indoamericano fue una bestialidad, todos hemos visto cómo se reprimía a mujeres, mujeres embarazadas e incluso a niños, lo que quedará como un recuerdo imborrable en sus historias”, sostuvo Cortiñas.
La ocupación del Parque Indoamericano comenzó los primeros días de diciembre y para el 7 se produjo un operativo policial con el objetivo de lograr el desalojo, en el que fueron asesinados Rosemarie Chura Puña, de 28 años, y Bernardo Salgueiro, de 22 años, ambos inmigrantes de las colectividades de Bolivia y Paraguay respectivamente, y días más tarde fue asesinado Emiliano Caniviri; por estos crímenes se abrieron causas penales que tienen como imputados a policías de la Federal y de la Metropolitana.
En tanto, en la denuncia inicial por la causa de usurpación también se incluía a Alejandro Salvatierra, delegado de Villa Soldati, Noemí Ruejas y Berta Revilla, del barrio Los Piletones, y Antonio Chancalay, representante de la Villa 20.
Salvatierra y Ruejas evitaron el juicio con un acuerdo en el que se comprometieron a realizar tareas comunitarias, en tanto que Revilla y Chancalay fueron sobreseídos en la etapa sumarial.
En diciembre de 2013 Pérez y Nardulli habían sido sobreseídos, pero la fiscalía apeló y ahora será la jueza penal, contravencional y de faltas Cristina Lara quien deberá definir la situación de los militantes sociales.
Mientras Pérez y Nardulli ingresaban al tribunal ubicado en la calle Tacuarí 138, una nutrida manifestación pidió por la absolución con una marcha desde el Obelisco hasta el juzgado, donde la jueza ordenó un vallado en ambas esquinas que no permitía llegar a la puerta del tribunal, donde había -además- un nutrido cordón policial.
La audiencias se extenderán hasta el viernes y lunes próximo, y continuarán el 24, 27, 29 y 31 de octubre, cuando se prevé que se leerá la sentencia.
