José Rodríguez, propietario de una casa en el country de Exaltación de la Cruz, ratificó ante el fiscal Pollitica que el funcionario abonó dos contratos de alquiler íntegramente en billetes, mientras refaccionaba su propia propiedad por 245.000 dólares. La DAFI analiza si las operaciones son compatibles con el patrimonio declarado por Adorni.
La causa por enriquecimiento ilícito que pesa sobre Manuel Adorni sumó este miércoles un nuevo capítulo. José Rodríguez, dueño de una propiedad en el country Indio Cuá, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollitica y confirmó que el jefe de Gabinete le alquiló la casa por más de 21.000 dólares en efectivo, mientras refaccionaba su propio inmueble en ese predio ubicado en Exaltación de la Cruz.
Los contratos, uno por uno
Según el testimonio de Rodríguez, la cifra total surge de la suma de dos contratos y una extensión informal. El primero, firmado en octubre de 2023, fue por 5.600 dólares en efectivo para que Adorni veranease a principios de 2024, momento en que ya ejercía como vocero presidencial.
El segundo acuerdo, por 13.000 dólares también en efectivo, cubrió el período en que el funcionario permaneció en la propiedad de Rodríguez mientras avanzaban las obras en su casa, que según declaró el contratista Matías Tabar costaron 245.000 dólares. Finalmente, las demoras en la obra obligaron a extender el alquiler tres meses más, por otros 2.400 dólares en efectivo.
El detalle no es menor: la totalidad de las transacciones se realizó en billetes, sin registro bancario ni documental formal, lo que plantea interrogantes directos sobre el origen de los fondos.
La Justicia analiza la compatibilidad con el patrimonio declarado
La Dirección de Asesoramiento Económico (DAFI) y los investigadores judiciales se encuentran analizando estas operaciones para determinar si se corresponden con el patrimonio declarado por el jefe de Gabinete.
El contexto política agrava el peso del expediente. La declaración de Rodríguez se conoce el mismo día en que cientos de miles de personas marcharon al grito de «¿cuánto nos cuesta Adorni?» en la cuarta Marcha Federal Universitaria, donde carteles alusivos al escándalo del funcionario se mezclaron con las banderas en defensa de la educación pública. El caso, que comenzó como una investigación patrimonial, se convirtió en un símbolo de la contradicción entre el discurso de austeridad del gobierno libertario y los gastos reales de sus funcionarios más visibles.
