El pedido para que el juez sea apartado de la causa se basa en la «pérdida de imparcialidad».
Uno de los querellantes en la causa en la que el presidente electo Mauricio Macri está procesado por supuestas intervenciones ilegales de líneas telefónicas, pidió que el juez federal Sebastián Casanello sea apartado de ese sumario penal, por presunta «perdida de imparcialidad».
La recusación la presentó Sergio Burstein, famliliar de una de las víctimas del atentado a la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA), y víctima de las escuchas, quien acusó a Casanello de «prejuzgamiento» y «pérdida de imparcialidad». La recusación deberá ser resuelta por la Cámara Federal, que ya cuenta con un informe del magistrado oponiéndose al planteo. Otra de las supuestas víctimas de las escuchas, Néstor Leonardo, pidió una prórroga a Casanello para contestar si Macri, su ex cuñado, debe ser enviado a juicio oral y público por su responsabilidad en las escuchas telefónicas.
Burstein recusó a Casanello luego que el magistrado requiriera la opinión de las partes para decidir si debe elevar a jucio oral la parte de la causa referida al presidente electo. Burstein se expidió a favor del enjuiciamiento, pero el fiscal federal Jorge Di Lello opinó que faltan elementos incriminatorios, lo que implica el eventual sobreseimiento de quien está en su último día de ejercicio como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
«Puede entonces afirmarse ahora sí, la ajenidad manifiesta del entonces jefe de gobierno, en un eventual interés vinculado a conocer acerca de las actividades de su ex cuñado», sostuvo Di Lello, quien antes había acusado a Macri. Están en vías del juicio oral el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, quien fuera su segundo, Osvaldo Chamorro; el espía Ciro James, el ex ministro de Educación de la Ciudad, Mariano Narodowski, los policías de Misiones Diego Guarda, Raúl Rojas, David Amaral, Antonio Fernández, Rubén Quintana; la ex secretaria judicial Mónica González; y el ex juez de esa provincia José Luis Rey.
El caso de las escuchas ilegales salió a la luz luego de que un familiar de Burstein recibiera un llamado anónimo en el que le advirtieron que el dirigente de la agrupación 18-J tenía el teléfono intervenido. La justicia determinó que el espía Ciro James, que por entonces estaba contratado por el ministerio de Educación porteño, era quien se encargaba de transportar el contenido de esas escuchas.
Burstein solía hablar por celular con el entonces fiscal especial de la casua AMIA, Alberto Nisman, quien además estaba en desacuerdo con que el fino Palacios asumiera como jefe de la Metropolitana y fue, de hecho, quién pidió su procesamiento en el marco de la causa por el encubrimiento del atentado que hoy se encuentra en instancia de juicio oral.
