Según el analista del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria (CIGES), el acopio de parte de la cosecha de la oleaginosa por parte de los grandes productores constituye una “nueva escalada especulativa” y se genera en un contexto de fuerte baja en los precios internacionales.
En declaraciones a Télam, Mattos precisó que todavía restaría por comercializar entre 42 y 52% de lo recolectado de la cosecha 2013/14, volumen que representa entre 7.000 y 11 mil millones de dólares, de acuerdo con los datos oficiales elaborados en base a los embarques, procesamiento de la industria aceitera y habilitación de las ROES (registros de operaciones de exportación).
“Las consecuencias del acopio no solamente afectan al mercado cambiario, sino también el resultado fiscal”, advierte el experto.
Con las sumas no ingresadas, añade Mattos, “se habrían podido cancelar las obligaciones (capital más intereses) de 2014 y 2015, que serían de 7.091 y 12.430 millones de dólares, respectivamente».
Para el economista de CIGES, la retención de ventas de soja “evidencia que la voluntad individualista de un sector económico está poniendo en peligro la voluntad general”.
Mattos cuestiona además la decisión de acopiar en momentos de caída de precios internacionales, cuando la moneda nacional se depreció 45% con respecto al año anterior (el tipo de cambio promedio en enero-septiembre fue de 7,99 pesos, contra 5,43 en igual período de 2013).
En este sentido, puntualizó, «la pérdida por no vender en el momento adecuado rondaría los 2.000 millones de dólares, y no sólo afectaría a los productores sino también al Estado (principalmente las provincias) en concepto de derechos de exportación”.
Mattos añade que sólo comparando septiembre de 2014 contra el mismo mes de 2013 la liquidación de divisas se redujo en 589 millones de dólares.
Propone luego “intervenir, a favor del equilibrio macroeconómico por un lado, y en beneficio de los pequeños productores que no tienen espalda financiera para realizar estas maniobras, por el otro”.
Sugiere en tal sentido “implementar nuevos mecanismos estatales (o recrear algunos existentes) de intervención directa en el comercio exterior de granos, como tienen casi todos los países del mundo”.
Una alternativa, concluye Mattos, “podría ser una empresa estatal de comercio de granos, dependiente del Poder Ejecutivo, o como un área dentro de otra empresa de capitales públicos, que tenga como objetivo proteger el ingreso de los productores y resguardar la soberanía alimentaria nacional”.
