Las agrupaciones 18-J y Memoria Activa, que reúnen familiares de las víctimas del atentado de la AMIA, consideraron hoy una “burla” y una “ofensa” el planteo de la defensa del ex presidente Carlos Menem, quien sostuvo que una declaración indagatoria en el juicio en su contra por encubrimiento, podría “afectar la seguridad nacional”.
Ayer, en el marco de una nueva audiencia del juicio por delitos cometidos en la investigación del atentado a la AMIA, la defensa de Carlos Menem planteó que una declaración suya podría “afectar la seguridad nacional” y la “convivencia pacífica” con otros países, y por eso pidió que el Congreso releve al ex mandatario de la obligación de guardar secreto de Estado.
“Durante 21 años ocultó información clave que evidentemente tiene, con lo cual exigimos que en la próxima audiencia diga todo lo que sabe”, dijo en declaraciones a Télam Diana Malamud, referente de la agrupación Memoria Activa.
“Es ofensivo para las víctimas, sus familias y toda la sociedad. Es un bochorno que 21 años después diga que tiene información que ocultó deliberadamente”, añadió la dirigente. Para Malamud, el planteo de que el Congreso tiene que relevarlo del secreto de Estado es “una ridiculez, ya que como ex presidente no le cabe esa situación, como si fuera un ex agente de inteligencia”.
En tanto, para Sergio Burstein -de la Asociación 18J- el ex presidente Menem “se sigue burlando de las víctimas y de la sociedad toda”.
Según Burstein, el planteo de la defensa del ex jefe de Estado “suena como una amenaza de mucha gravedad” y además “confirma que el ex presidente tiene información clasificada que le fue proporcionada por servicios de inteligencia”.
“Hace 21 años que Menem sabe y ese planteo nos da la pauta que encubrió, desviando la investigación. Calló durante todo este tiempo y, a esta altura de los acontecimientos, no hay nada más importante que saber qué pasó y qué puede aportar en la causa”, aseveró Burstein en diálogo con Télam.
Ayer, el defensor de Menem, Omar Daer, pidió también al Tribunal Oral Federal 2 que declare la nulidad de su procesamiento por encubrimiento del atentado, al considerar que la llamada “pista siria” se investigó durante nueve años sin hallarse elementos que comprometan al empresario supuestamente implicado, Alberto Kanoore Edul.
Finalmente, solicitó medidas de seguridad en caso de que el Congreso Nacional releve a Menem del secreto de Estado y sea indagado en esas circunstancias.