El Parlamento iraní expresó su apoyo al equipo negociador tras considerar satisfactorias las explicaciones brindadas a ese órgano por el canciller Mohamad Yavad Zarif en relación al acuerdo nuclear.
El Parlamento iraní expresó su apoyo al equipo negociador tras considerar satisfactorias las explicaciones brindadas a ese órgano legislativo por el canciller Mohamad Yavad Zarif en relación al acuerdo nuclear.
En una reunión a puerta cerrada, Zarif obtuvo el visto bueno del Majlís (Parlamento), hasta ahora la única institución iraní que había expresado dudas respecto a la declaración de Lausana, el consenso que estable un principio de acuerdo para levantar las sanciones económicas a cambio de una reducción sustancial de su programa atómico y la garantía de su naturaleza pacífica.
Durante la última semana, varios legisladores de esta cámara (con hegemonía de miembros conservadores críticos con el presidente moderado Hasan Rohani), habían expresado su desacuerdo con el pacto nuclear y recordado que es el Majlís el encargado de aprobar cualquier acuerdo que se alcance con el Grupo 5+1.
Sin embargo, tras la reunión, el portavoz parlamentario Behroz Nematí, señaló, citado por la agencia de noticias EFE, que «en general, los parlamentarios expresaron su satisfacción por las explicaciones de Zarif» y subrayó que «no hay muchas preocupaciones entre los legisladores ahora».
Los diputados reafirmaron al equipo negociador iraní «la necesidad de prestar mucha atención al borrador del acuerdo» que tendrá que estar listo antes del 1 de julio, en resguardo de que el mismo «incluya garantías para el objetivo del levantamiento de sanciones occidentales de una sola vez».
Los legisladores -agregó Nematí- fueron convencidos por Zarif porque «todos en la República Islámica queremos mantener y proteger los logros nucleares del país, y gracias a Dios esos asuntos quedaron en las conversaciones de Lausana y fueron plasmados en la declaración final».
La declaración emitida el pasado día 2 entre Irán y los países del Grupo 5+1 (Estados Unidos, China, Francia, el Reino Unido, Rusia y Alemania) marca unos parámetros de objetivos para llegar a un acuerdo definitivo antes del próximo 1 de julio.
En Washington, el gobierno del presidente Barack Obama afronta una dura oposición al acuerdo por parte de amplios sectores del Congreso y el Senado, que lo pueden convertir en papel mojado si consiguen un consenso a prueba de veto presidencial para rechazar sus términos.