Así lo dispuso la jueza Valeria Pérez Casado, que autorizó a tres firmas a constituirse como operadores de la fábrica avícola.
La jueza Valeria Pérez Casado, quien interviene en la quiebra de la empresa Cresta Roja, autorizó a las firmas Ovoprot SA, Tanacorsa SA y el Grupo Lacau a constituirse como operadores de la avícola con el propósito de garantizar la continuidad de 5.000 puestos de trabajo. Pérez Casado, titular del Juzgado Comercial 18, tomó esta decisión tras una reunión que mantuvo con la comisión interna gremial de Cresta Roja, representantes del gobierno y los probables compradores de la empresa.
El delegado gremial Julio Gramajo explicó que la reunión del lunes pasado, que se extendió durante cinco horas, fue informativa y participaron sólo cuatro empresas, pero ningún gremio, en referencia a las versiones acerca del interés entre los compradores del Sindicato de Trabajadores de la Carne. La segunda audiencia se desarrolló este miércoles en el juzgado de la calle Marcelo T. de Alvear 185 de la Ciudad de Buenos Aires y fue presidida por la magistrada.
Como es de público conocimiento, la Justicia decretó el martes la inhibición de bienes de todas las sociedades relacionadas con la familia Rasic, dueños de Cresta Roja, por lo cual quedaron inhibidos los bienes de Granjas Ora, Techos Rojos, Unigranja, Rinsel, Humala Argentina, La Vert, Humala SA (sociedad extranjera) e Inver Mundial Compañía de Inversión SA (sociedad extranjera).
La jueza Pérez Casado fundamentó la resolución al haber observado “una gran cantidad de inmuebles sobre los cuales la fallida (por Cresta Roja) ha efectuado inversiones millonarias”, en el marco de la presunta crisis de la compañía avícola.
En las dos plantas de Cresta Roja, ubicadas en los partidos bonaerenses de Esteban Echeverría y Ezeiza, trabajan unos 5.000 obreros que producían hasta la quiebra dispuesta la semana pasada por la Justicia unos 400.000 pollos por día, convirtiéndola en la mayor empresa del sector del país.
