Tras más de cinco meses de trabajo, el Comité aprobó el documento que contiene nueve principios que buscan limitar el accionar futuro de los fondos buitre.
El Comité Ad Hoc sobre Procesos de Reestructuración de Deuda de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó hoy una serie de principios para la creación de un sistema legal internacional para dar viabilidad a los procesos de reestructuración de deuda, los que serán elevados a la Asamblea General del organismo para su votación en septiembre próximo.
Tras más de cinco meses de trabajo, el Comité aprobó el documento que contiene nueve principios que buscan limitar el accionar futuro de los fondos buitre, permitiendo a su vez el crecimiento y el desarrollo inclusivo de los países.
«Hoy se aprobó un informe con nueve principios que marcan un antes y un después no sólo en lo que corresponde a la reestructuración de deuda soberana sino a la relevancia del trabajo de nuestra organización en relación a los temas financieros», afirmó el presidente del Comité, el embajador de Bolivia ante ONU, Sacha Llorente.
El ese sentido, el funcionario resaltó que fue Argentina quien «nos abrió los ojos de que este es un tema para la ONU» dando paso luego a lo que ocurrió en la Asamblea General de ONU en septiembre pasado, cuando a través del voto positivo de dos tercios de sus miembros, se apoyó esta decisión de abordar la creación de un marco legal para las reestructuraciones de deuda.
El documento, que se espera sea tratado a comienzos de septiembre por la totalidad de los países miembros de Naciones Unidas, plantea los principios del derecho soberano que tienen los Estados a reestructurar su deuda, la inmunidad soberana, el respeto por las mayorías calificadas en los procesos de reestructuración, el tratamiento equitativo, así como la buena fe, transparencia, imparcialidad, legitimidad y sustentabilidad.
El orador invitado a la sesión de hoy, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, calificó al conjunto de principios como «excelentes» y coincidió en que la organización multilateral «es el lugar correcto» para que la comunidad internacional lleve adelante este debate, «y no el Fondo Monetario Internacional que es una institución de acreedores».
«Uno no le pediría al Citibank diseñar la legislación bancaria en los Estados Unidos, sabemos cómo lo haría: tendría servidumbre esclavizante y sabemos que esa no es la solución, ni lo es la cárcel para deudores», agregó el Premio Nobel 2001.
Stiglitz dijo además que es «irónico» que exista la idea de que «excepto en el caso de Argentina, el sistema viejo funcionó perfectamente» en lo que respecta a los procesos de reestructuración de deuda y el accionar de los fondos buitre.
«Lo que quieren decir es que `pudimos vencer a casi todos los países y salirnos con la nuestra y solo porque Argentina estuvo dispuesta a enfrentarse y a decir queremos una negociación justa, el problema fue Argentina´, pero Argentina fue un problema porque ellos defendieron sus derechos, y por eso necesitamos un estado de derecho en este campo», describió el economista.
Por su parte, la embajadora argentina en ONU, María Cristina Perceval, agradeció el apoyo de todos los países que se involucraron y participaron activamente en el debate y retomó lo planteado por Stiglitz al señalar que ni Argentina y ni el grupo del G77 más China, que presentó inicialmente la propuesta, son «generadores de problemas».
«Porque hemos vivido profundas consecuencias de modelos económicos financieros de exclusión, hambre y pobreza, porque tenemos el derecho de construir desarrollo en clave de derechos humanos. Para eso estamos aquí, no para otra cosa», afirmó la representante.
Perceval, hizo referencia entonces a los países e instituciones que no acompañaron la iniciativa para crear un marco legal global para las reestructuraciones de deuda soberana alegando que el lugar para tratarla es el FMI, al mencionar que si bien «la ONU no es el único ámbito, es el más legítimo y democrático» para hacerlo.
«No es enojándose con la realidad sino transformándola en sentido de equidad, justicia, transparencia, como vamos a lograr el objetivo de un mundo más justo, un mundo en paz», afirmó la embajadora.
En esa línea, su par boliviano, Sacha Llorente, aseguró que «las razones por la que algunos países se opusieron tiene que ver con el poder, con la política».
Esto quedó reflejado en el hecho de que «los 11 que votaron en contra de la resolución, tienen aproximadamente el 7% de votos en la Asamblea General pero esos mismos que ponían como argumento que el escenario (de análisis del marco legal) es el FMI, tienen casi el 40% de las decisiones» en ese organismo multilateral.
«Esa es la razón verdadera. No es que sean más experimentados técnicamente sino que el tema es quién controla las decisiones» y una de las «lecciones más grandes es que la democracia es la que tiene que mandar, no la fuerza, no la imposición, sino los argumentos, los principios y la democracia», concluyó el presidente del Comité Ad Hoc.
