El caso de un niño hallado dentro de una valija en un control fronterizo entre España y Marruecos provocó un fuerte impacto, donde organizaciones no gubernamentales y juristas pidieron liberar al progenitor y buscar una solución que priorice el interés del menor.
En plena conmoción social por el drama de los inmigrantes que casi a diario pierden la vida tratando de llegar a las costas de Italia a través del mar Mediterráneo, la foto del pequeño Abou dentro de una valija tomada por un escáner del control fronterizo de Ceuta –publicada el pasado viernes- removió la conciencia de los españoles, pese a que desde hace años están habituados a este tipo de historias.
La desesperación fue lo que presuntamente llevó al padre del niño, un marfileño de 42 años que residía legalmente en Las Palmas de Gran Canaria, a pagarle a una joven marroquí para que cruzara a su hijo por la frontera de El Tarajal de Ceuta, que divide Marruecos y el enclave español del norte de África.
La chica cruzó a pie por el control aduanero, pero los Guardias Civiles españoles -al notarla nerviosa- la obligaron a pasar su equipaje por el escáner de bultos, donde notaron que en el interior de la valija había un niño, Abu, de 8 años.
A pesar de que no tenía ventilación ni espacio, el niño se encontraba en buenas condiciones, según certificó el personal de la Cruz Roja que lo atendió.
Apenas una hora y media después de este hallazgo, los guardias detectaron a un hombre con el mismo nombre que el niño que cruzó la frontera a pie. Al interrogarlo, descubrieron que era el padre y que pretendía llevarse a su hijo al aeropuerto local para viajar a Canarias, donde residía desde 2013 junto a su esposa y otra hija.
El padre del niño y la joven marroquí -cuyos nombres no fueron informados- fueron enviados a prisión acusados de delitos relacionados con el tráfico de seres humanos, mientras Abu se encuentra actualmente bajo tutela de las autoridades ceutíes.
La Justicia española está abordando el caso como si se tratara de un traficante cuando en realidad es un padre que busca reunirse con su hijo y que presumiblemente actuó presionado por las circunstancias, coinciden los expertos de las organizaciones que trabajan a favor de los derechos de los inmigrantes y que reclaman una solución para el caso de Abu.
“Esta es una situación dramática, reflejo de unas políticas que dificultan la llegada legal de los inmigrantes. Hay que ir al fondo, tener en cuenta por qué una persona decide poner en riesgo la vida de su hijo”, dice Manuel Sobrino, portavoz de Red Acoge, una Federación de Asociaciones Pro Inmigrantes de España.
“Si sólo se criminaliza al padre es reduccionista”, subraya Sobrino en declaraciones a Télam. “Evidentemente cuando un padre intenta traer a su hijo de esa manera, entendemos que no ha tenía otra opción. No es que supiera o fuese más cómodo. La realidad es que no hay maneras legales y garantistas”, destaca el vocero de Red Acoge.
Sobrino agrega que el caso de Abu constituye sólo un ejemplo más de lo que ocurre diariamente producto de las dificultades que se encuentran los inmigrantes que quieren llegar a Europa, muchos de ellos huyendo de conflictos y del hambre.
“Hay casos de menores que se meten debajo de un camión o del chasis de un auto, o en contenedores. También muchos jóvenes que arriesgan su vida en las fronteras de Ceuta y Melilla saltando las vallas, o los que vemos constantemente cruzando el Mediterráneo desde las costas de Libia”, recuerda.
La Red Española por la Inmigración anunció una campaña para pedir que el padre de Abu sea liberado y no sea enjuiciado como si fuese el “patrón de un cayuco” que trafica con seres humanos, al tiempo que solicita al Congreso de los Diputados español que reabra el debate sobre la “reagrupación familiar” de los inmigrantes.
Lo que está ocurriendo con este hombre es “una barbaridad”, porque se le quiere imponer la misma pena que a los traficantes cuando se trata de su propio hijo, explicó el abogado Estanislao Naranjo Infante, responsable de la campaña.
“La ley hay que aplicarla caso por caso y en este caso en concreto, la aplicación llevará a resultados que entendemos que ni siquiera preveía el propio Código Penal, a un efecto indeseable”, añadió el abogado, según la prensa española.
Naranjo Infante señala que el Fiscal está siendo “excesivamente duro”, al tiempo que reclama la intermediación del Defensor del Pueblo para que el niño no permanezca en un Centro de menores de Ceuta y pueda reunirse con el resto de su familia.
La situación dramática de Abu, quien se encuentra lejos de sus padres, es producto de una legislación que impide a los inmigrantes que se encuentran legalmente en España reagruparse con toda su familia. Los requisitos dependen de la capacidad económica del inmigrante, lo que supone una discriminación.
“Nuestra ley es muy peculiar porque se da la circunstancia de que aquí no se obliga a nadie a que tenga una capacidad económica determinada para ser padre y a los inmigrantes sí”, denuncia Naranjo Infante.
A pesar de que tiene un trabajo, Abu no gana lo suficiente como para traer a España a su hijo menor y al mayor, por eso sólo lo acompañan su esposa y una hija.
